El primer teniente de alcalde de A Coruña y un concejal del anterior gobierno municipal declararán ante la jueza de Lugo Pilar de Lara
07 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Diciembre empezó con un incendio político en María Pita. Agentes de Aduanas, enviados por la jueza Pilar de Lara, revolvían el consistorio y se llevaban expedientes y copias de media docena de ordenadores. Empezaba la operación Pikachu, una pieza separada de la Pokémon en la que se investigaban presuntas adjudicaciones irregulares por parte del Ayuntamiento de A Coruña al conglomerado de empresas del grupo Vendex, una firma que obtenía en la ciudad la mitad de su facturación en Galicia y que ingresaba más de 6 millones al año procedentes de las arcas coruñesas.
Quince días después la jueza Pilar de Lara comenzaba a repetir imputaciones. Ya suman doce. El pasado día 3 pasaron los primeros cuatro encausados a declarar por los juzgados de Lugo. Todos ellos son funcionarios municipales que fueron interrogados durante horas sobre detalles técnicos en los procesos de contratación y sobre los expedientes concretos de Vendex, tanto los adjudicados durante el actual mandato como los correspondientes a períodos anteriores. De Lara indaga también qué posibles favores pagó la empresa a los vinculados con la concesión de servicios desde el Ayuntamiento.
Esta semana el protagonismo pasa de los funcionarios a la arena política. La Pikachu salpica ya a los dos principales partidos de la ciudad. El primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, Julio Flores (PP), está llamado a declarar en Lugo, y también lo está el concejal socialista José Nogueira, que estuvo al frente de la mesa de contratación en el anterior mandato.
Los dos están tranquilos y mostraron su «máxima colaboración» a la jueza durante su visita a A Coruña el pasado 3 de diciembre. En el caso de Nogueira, la magistrada requirió el volcado de su correo electrónico oficial. El edil, que usaba ese servicio, ofreció voluntariamente la claves de su cuenta personal.
No serán los únicos que viajen a Lugo. Asesores y funcionarios desfilarán también ante De Lara para responder a las preguntas que les hagan. Hasta el momento ninguno se ha negado a declarar ni es previsible que los que están llamados a hacerlo lo hagan.
Vendex está vinculada a servicios culturales de la ciudad y, sobre todo, a la grúa y la ORA. Estos dos últimos suponen su principal fuente de ingresos, por encima de los 3 millones anuales. La firma se encargaba de ambos asuntos ya antes de la llegada de los populares al poder.
Hasta el momento el alcalde herculino, Carlos Negreira, ha respaldado a los suyos. El pasado día 28 rechazó la posibilidad de pedir la dimisión de Flores y pidió celeridad a la jueza en un caso sobre el que pesa el secreto de sumario. Los cuatro que declararon como imputados la semana pasada siguieron estándolo tras pasar por Lugo. En María Pita se vive con inquietud el desarrollo de una instrucción que hasta ahora no había salpicado de lleno a la ciudad. Ahora sí lo está y en los principales partidos se preguntan cuál será el siguiente paso y, sobre todo, quién caerá arrastrado por el vendaval de Vendex, que ya suma un centenar de imputados en Galicia.
La Casa de los Peces
Entre los contratos bajo la lupa de De Lara destacan los de la Casa de los Peces. En el acuario, un espacio que recibe a 300.000 visitantes al año, hay ya tres imputados, desde la directora de los museos científicos al director técnico y a un funcionario con cargos de responsabilidad en anteriores gobiernos locales.
Allí Sermasa, filial de Vendex, se hizo con dos importantes servicios: el mantenimiento biológico y el mantenimiento hidráulico. Entre los dos suman cerca de un millón de euros anuales.
La última adjudicación del mantenimiento biológico no estuvo exenta de polémica, ya que el contrato se firmó con Vendex ya investigada.
Todos los papeles de los procedimientos administrativos que llevaron a la contratación de Sermasa para el acuario están en el despacho de De Lara, al igual que otros de la misma empresa con el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), una de cuya responsables está también imputada. Los detalles de la grúa y la ORA están también requisados en Lugo, donde se guardan también los volcados informáticos de once ordenadores de funcionarios, asesores y ediles coruñeses.
A lo largo de los últimos mandatos los contratos con el conglomerado empresarial se contaron por docenas. La imputación de un edil socialista que lleva dos años fuera del poder en María Pita abre la puerta a una investigación que lejos de quedarse en el último mandato podría bucear bastante más atrás. De hecho, muchas de las preguntas hechas a los imputados apuntan a gobiernos anteriores.