Una estafa millonaria ideada por un gallego salpica a tres Administraciones

Los números de la trama ideada presuntamente por el vecino del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal Alejandro Manuel Dávila Ouviña entre los años 2008 y 2011 hablan por sí solos. Según las diligencias policiales y judiciales, este barbanzano creó un entramado empresarial que recibió 21 millones de euros -más otros 26 que fueron aprobados pero finalmente retenidos- en los citados cuatro años con el consentimiento de tres Administraciones: el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz.

La investigación fue iniciada en el 2011 por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que ha realizado más de 30 detenciones. En la actualidad, el proceso judicial suma 25 imputados, entre los que se encuentran numerosos políticos que en su día ocuparon cargos de alta responsabilidad en las citadas Administraciones o que, a día de hoy, siguen ejerciéndolos. El proceso judicial es competencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que ya ha tomado declaración a los principales imputados y testigos relacionados con esta trama.

Los fondos que obtuvo el conjunto de empresas fantasmas ideado por el barbanzano Dávila Ouviña formaban parte de los planes, aprobados por el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía, para reindustrializar principalmente la bahía de Cádiz tras el varapalo, sobre todo social, que supuso el cierre de la planta Delphi, uno de los motores económicos de la zona.

Dávila Ouviña, que fue detenido en su villa natal en noviembre del 2011, está acusado de ser el cerebro de esta trama, que logró acumular ayudas públicas para un total de 17 proyectos redactados por empresas vinculadas a él directamente o a algunos de sus testaferros. De hecho, en las diligencias de la Udyco se hace constar que ninguno de los responsables de tramitar estas ayudas se sorprendió del riesgo que suponía centralizar tal cantidad de dinero en un tejido empresarial vinculado a un mismo entorno.

En el Gobierno de Zapatero

Entre los políticos imputados figuran pesos pesados del Ministerio de Industria en los años que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos es Jesús Candil, ex director general de Industria entre los años 2004 y 2011. En esta lista también figuran el que fue subdirector general, Ramón Herrero, y el subdirector general adjunto, Alejandro Fernández.

Mientras el proceso judicial continua abierto, el barbanzano Dávila Ouviña, que ingresó en la prisión de Teixeiro tras ser detenido en noviembre del 2011, se encuentra en libertad desde abril del 2012, después de pagar una fianza de 100.000 euros.

Se retoman las declaraciones a finales de mes

La juez Lourdes del Río, titular del Juzgado número 4 de Cádiz que instruye el caso Bahía Competitiva, ha citado a varios testigos para tomarles declaración a finales de mes. En febrero está previsto que pasen por sede judicial otros imputados para ser escuchados nuevamente. La novedad es que, por primera vez y según informa Diario de Cádiz, tendrán que testificar el ex delegado provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Antonio Blanco; la actual delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz; además de dos altos cargos de la Agencia IDEA: su director de Infraestructuras y Espacios Productivos, Antonio Sánchez López; y su secretario general, Francisco José Morillo Sánchez.

Según parece, la intención de la jueza sería saber qué grado de conocimiento tenían los cargos mencionados acerca de las empresas vinculadas en el fraude, así como de la baremación que se realizó de sus proyectos. Lo que todavía no ha trascendido es si el gallego considerado como cerebro de este fraude de subvenciones públicas tendrá que volver a declarar, algo que ayer, su entorno, consultado por La Voz de Galicia, no quiso confirmar ni desmentir, negándose a realizar cualquier declaración sobre el caso Bahía y el grado de implicación de Dávila Ouviña.

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