La Xunta calla ante la hipotética intervención del Concello compostelano
27 feb 2014 . Actualizado a las 12:57 h.Fue un apoyo medido al milímetro, pero apoyo al fin y al cabo. La delicada situación en que se encuentra el gobierno local de Santiago, con siete concejales imputados por prevaricación por tomar el acuerdo de pagarle la defensa jurídica a otro edil investigado en la operación Pokémon, encontró ayer palabras de amparo en el presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, que cuestionó implícitamente la posibilidad de que se les pueda abrir un juicio oral para sentarlos en el banquillo de los acusados.
Sin aludir por su nombre a la ciudad de Santiago ni al gobierno de Ángel Currás, Feijoo se refirió ayer a su situación de estos siete ediles en el transcurso de un debate parlamentario que mantuvo con la viceportavoz del grupo AGE, Yolanda Díaz, que tuvo la corrupción política como telón de fondo.
El mandatario autonómico reiteró que las ilegalidades «non caben na política», poniendo de relieve que cada vez que un juez dicte una medida cautelar contra un cargo público del PP solo cabrán dos posibilidades: «Ou que dimita ou ser cesado -dijo-, antes incluso de ser acusado e antes incluso de que se abra xuízo oral».
Pero tras la aseveración, Feijoo introdujo los matices. Expresó su «respecto» hacia la labor de la Administración de Justicia, tras lo cual deslizó una crítica velada hacia la actuación judicial en el caso particular de los siete concejales de Santiago. Mostró la disposición del PP a «colaborar» con los jueces, «aínda que nos coste ás veces, ver como se poden imputar a concelleiros por seguir os informes preceptivos da intervención e da asesoría xurídica dun concello determinado», esgrimió, en alusión a Santiago.
El jefe del Ejecutivo estableció así una clara diferencia entre la imputación judicial por prevaricación que pesa sobre los siete ediles compostelanos a la que puede pueden enfrentar otros cargos políticos investigados por corrupción.
Pero si de algo se ocupó Feijoo en su respuesta a Yolanda Díaz, que lo emplazó a promover un acuerdo de todas las fuerzas políticas para combatir la corrupción, fue de separar el polvo de la paja. Si la viceportavoz de AGE le marcaba el terreno para exigir la dimisión de todos los políticos imputados, Feijoo replicaba que de los 4.100 cargos públicos en Galicia, «só o 2 % están imputados». Y si Díaz le pedía actuar en el plano de las responsabilidades políticas, Feijoo le recordó los casos de dirigentes de IU que están imputados y en ejercicio en España.
Mientras Feijoo defendía en el Parlamento a los siete ediles de Santiago imputados por aprobar que el Concello pagase la defensa legal de su compañero Adrián Varela, responsable de Deportes envuelto en la operación Pokémon, la Xunta eludía confirmar o bien desmentir si, como sostiene el PSOE, está sopesando pedir al Gobierno central que disuelva la corporación compostelana. La Administración autonómica, según los socialistas, está estudiando adoptar esa medida drástica ante una hipotética apertura de juicio oral contra los siete concejales referidos.
Consultado al respecto, un portavoz del Ejecutivo gallego despejó el balón. Además, intentó equiparar la situación del Ayuntamiento santiagués, donde los ediles imputados ascienden a 11 de 25 (diez del PP más uno del PSOE), con la que atraviesan los de Lugo -las sospechas de la Justicia se limitan al alcalde, socialista- y Ourense, donde el regidor gobierna en total minoría y dos concejales progresistas tienen asuntos pendientes en los tribunales. «La Xunta no valora la posible intervención del Concello de Santiago, al igual que tampoco lo hace con la de Lugo y Ourense», se limitó a responder.