Pide 9 años de inhabilitación por acordar pagar la defensa de un concejal
01 mar 2014 . Actualizado a las 17:25 h.Muy malas noticias para el gobierno local del PP de Santiago. Otra vez. Y tan solo cuatro días después de que se tambalease ante el auto de la jueza Ana López Suevos que concluía que la junta de gobierno había prevaricado al aprobar el 30 de mayo del 2013 que el Concello pagase con dinero público el abogado de su compañero Adrián Varela, concejal de Deportes imputado en la operación Pokémon.
Tras aquel varapalo, ayer llegó uno peor. La fiscala del caso ni tan siquiera ha agotado el plazo de diez días que tenía y ayer mismo presentó su escrito de acusación contra los siete ediles que aquel día acudieron a la junta de gobierno. A todos ellos les acusa de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal y pide para ellos nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público. Solicita casi la pena máxima para estos casos, que oscila entre los siete y los diez años.
La fiscala considera que la junta de gobierno se saltó la legalidad porque aprobó pagar la defensa de su compañero pese a que el informe del secretario decía que solo podían hacerlo si se cumplían los requisitos previstos por el Supremo en su sentencia de 4 de febrero del 2002. Y no se cumplían, porque el alto tribunal exige que solo las Administraciones paguen el abogado a políticos o funcionarios cuando la causa ha sido archivada o han sido absueltos y si la imputación fue por un acto propio de su cargo.
Para la fiscala no se cumplió ninguno de los dos, porque los delitos eran por corrupción y el edil ni tan siquiera había declarado, por lo que su culpabilidad está aún en el aire.
El alcalde evitó acudir
Los siete concejales afectados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. El alcalde, Ángel Currás, no acudió a aquella reunión pese a que estaba en Santiago, en el Concello, y a que en su agenda oficial tan solo figuraba recibir al director de un colegio. Tampoco asistió la vicealcaldesa, Reyes Leis, que asistió a un encuentro de emprendedores en calidad de concejala de Economía.
La ausencia de Currás generó un gran malestar entre algunos concejales ahora imputados, que consideraban que el regidor no presidía las juntas de gobierno en las que se trataban temas espinosos que podrían acarrearle más problemas legales de los que ya tiene. Hay que recordar que está imputado por tráfico de influencias en la presunta trama de corrupción política de la operación Pokémon y por prevaricación y acoso moral por relegar de su puesto al exsubjefe de la Policía Local.
En aquella junta, además de la petición de que al edil le sufragase el Concello sus gastos de defensa por estar imputado en la Pokémon, el orden del día incluía un asunto aún más conflictivo: el reconocimiento de facturas por valor de 272.169 euros a Sermasa, filial del investigado grupo Vendex. El regidor ya no quiso saber nada anteriormente de unas parecidas.