El PP afronta la crisis con dos opciones: disolver la corporación o la dimisión de sus ediles
05 mar 2014 . Actualizado a las 14:56 h.Santiago, de nuevo. Por segunda vez en menos de dos años, Monte Pío se convirtió ayer por la mañana en el ojo de la tormenta política e institucional en la que malvive instalada la capital de Galicia, su peor crisis desde la reinstauración de la democracia. En su residencia oficial, por espacio de hora y media, el jefe del Ejecutivo autónomo y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, recibió al alcalde de Compostela, el también popular Ángel Currás, quien el día anterior le había pedido audiencia. El segundo acudió a dar explicaciones al primero y a pedir clemencia para su multiimputado gobierno, donde solo tres de sus trece miembros no tienen asuntos pendientes con la Justicia. «El presidente lo escuchó, y punto», sentencia una fuente conocedora de la cita, que ambos dirigentes quisieron mantener en secreto.
No era la primera vez que un alcalde de Santiago en serios problemas acudía a Monte Pío en busca de auxilio. El 14 de abril del 2012 hizo lo mismo el entonces máximo mandatario de la ciudad, Gerardo Conde Roa (PP), posteriormente condenado por delito fiscal. En aquel momento, ya investigado por la Justicia, Conde Roa accedió a dimitir -lo haría solo unas horas más tarde- si a cambio Feijoo situaba en su lugar a Currás.
Y ayer fue el sucesor de Conde Roa quien llamó a la puerta del líder de los populares gallegos, pero no para ofrecer su cabeza, sino para pedir que no se la corten. El alcalde, imputado por tres delitos en dos causas diferentes, reclamó al presidente que no eche del PP a los siete miembros de su gabinete que, salvo que la Audiencia Provincial resuelva lo contrario, deberán sentarse próximamente en el banquillo de los acusados por haber cometido, supuestamente, prevaricación al aprobar, en mayo del 2013, pagar con fondos municipales la defensa de Adrián Varela, responsable de Deportes salpicado por la operación Pokémon.
Concluida la reunión, en un acto programado, Currás compareció ante los medios y obvió el cara a cara que acababa de mantener, pero admitió haber hablado con Feijoo para expresar «total respaldo» a los siete ediles y demandar que, con ellos, el partido haga una «excepción» a su código ético y no los expulse. En ese punto, el regidor demostró cierto desconocimiento de las normas de su formación, pues en ninguna regla de los populares figura en realidad que su dirección tenga que poner en la calle a sus cargos por el hecho de ser llamados a juicio oral. No aparece así reflejado en los estatutos del PPdeG, aprobados en enero del 2013, ni en el código ético del PP nacional, que data del 2009. Y ni siquiera en el compromiso de buenas prácticas suscrito por los parlamentarios autonómicos en noviembre del 2012. En todos esos casos, mientras no haya sentencia, la toma de decisiones queda a la voluntad, en este caso, de un Feijoo que planea aguardar a que la Audiencia Provincial decida para, como mínimo, abrir expediente disciplinario a los siete ediles imputados.
Después, «ya se verá». Aunque, en rigor, las opciones se reducen a tres, salvo que no haya condena: disolver la corporación y nombrar una comisión gestora, hacer dimitir a los siete ediles imputados por prevaricación o incluir en la medida a los diez concejales implicados en alguna de las cuatro causas judiciales que acogotan al gobierno local del PP en la ciudad.
La disolución de la corporación no es una opción deseada ahora mismo en la dirección del PPdeG, porque el presidente Feijoo cree que sería equiparar a Santiago con Marbella, una opción que en todo momento quieren evitar los conservadores.
Así las cosas, la posibilidad que más fuerza cobra ahora para resolver el avispero en el que se ha convertido para el PP el gobierno de Santiago es la de hacer dimitir a los concejales, ya sea a los siete que, si no lo impide la Audiencia, tendrán que sentarse en el banquillo acusados de prevaricación, o a los diez imputados en alguna causa, incluido el propio alcalde, Ángel Currás.
Y entre estas dos posibilidades, es la de sacar de la corporación a todos los ediles del PP con problemas con la Justicia la que más futuro parece tener. Esta solución obligaría a incorporar a diez personas nuevas. Para ello, los populares aprovecharían aquellas personas de la lista electoral que les merezcan confianza, pero también tendrían que hacer uso de personas externas. La Ley Electoral permite esta posibilidad en su artículo 182, que señala que en el caso de que «no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano». Estos serían elegidos por el partido afectado.
Cierre de filas
Con frases como «non é un caso de corrupción», el PPdeG, por medio de su portavoz, Pedro Puy, mostró ayer su determinación a no moverse ni una coma del argumentario distribuido por el partido, y cuyo único propósito consiste en decretar un cierre de filas para aguantar la presión y mantener en su cargo -al menos por el momento- a los siete concejales de Santiago imputados.
Por su parte, el BNG y AGE dejaron claro, tras la reunión de los grupos que prepara la agenda de los plenos del Parlamento gallego, que llevarán este asunto a la sesión de control para pedirle explicaciones al presidente Núñez Feijoo y exigir la dimisión de los encausados.
Menos tajante fue el socialista Méndez Romeu, quien eludió hasta en tres ocasiones responder con un simple sí o no a la pregunta que le plantearon los medios de comunicación sobre si deben o no dimitir los siete concejales.