El voto rogado, que ahora se quiere modificar al verse reducida la participación, acabó en el 2011 con el escándalo de que acabaran votando personas ya fallecidas
17 mar 2014 . Actualizado a las 16:29 h.La semana pasada tuvo lugar en el Congreso un debate surrealista. Se trataba de la toma en consideración de la propuesta de ley del Parlamento gallego para la reforma de Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de 1985. El propósito es homogeneizar las condiciones del voto de los residentes en el extranjero con las del resto de los ciudadanos. Un asunto de gran trascendencia que no tendría nada de extraño si no fuera por algunas cuestiones previas.
La primera es que esta proposición se elevó desde la Cámara gallega al Congreso en julio del 2008. Hace casi seis años. La segunda es que la conformación del Parlamento gallego actual, que fue el que defendió la propuesta en el Congreso el pasado martes, tiene muy poco que ver con la que existía cuando esta proposición salió adelante con el voto unánime de la Cámara de Galicia. No solo porque entonces gobernaba el Ejecutivo bipartito del PSOE y el BNG, mientras ahora lo hace el PP, sino porque en el ínterin ha surgido una nueva formación política, AGE, que se ha convertido en la tercera de Galicia y defendió esta semana una propuesta de la que no formaba parte cuando se presentó. La cuarta es que uno de los partidos que promovieron la reforma y la aprobaron en el Parlamento gallego, el BNG, no secundó este martes su propia propuesta y se abstuvo en la votación en el Congreso. Y la última y quizá la más chocante, es que la ley que el Parlamento gallego plantea reformar en el texto elevado al Congreso no existe ya como tal, dado que aquella norma de 1985 ya fue reformada de manera profunda en el año 2011, precisamente en lo que afecta al voto emigrante.
No sé si a estas alturas me siguen, pero lo ocurrido refleja el disparate de un modelo legislativo anacrónico e ineficaz. El fondo de la cuestión es que el Parlamento gallego se decidió en el 2008 a poner fin al escándalo de que en las elecciones acabaran votando miles de personas ya fallecidas. Se propuso introducir mayores garantías para el ejercicio del derecho al sufragio en el extranjero. El Congreso tardó tres años en asumir la necesidad de esa reforma, que en el 2011 puso en marcha por fin el voto rogado. Es decir, que quien quiera votar en el extranjero tiene que acreditarse previamente con un documento en regla y solicitar la papeleta.
Han bastado tres años para comprobar que ese sistema reduce la participación en las elecciones de los residentes en el extranjero hasta casi anularla por completo. Y, dado que los más perjudicados son los grandes partidos, ahora, con la excusa de asegurar que todos los emigrantes puedan votar en urna vivan donde vivan, algo enormemente complejo, se pretende dar marcha atrás, retirar el voto rogado y volver al modelo anterior. Lo lamentable es que en pleno siglo XXI haya que escoger entre que voten los muertos o que no vote nadie.