Conde Roa acusa a Vigilancia Aduanera de manipular informes

Ignacio Carballo González
I. carballo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Declaró ante la jueza que los funcionarios «pisotean» sus derechos

26 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa desacreditó con dureza el pasado 7 de marzo, ante Pilar de Lara, las conclusiones que extrae el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sobre hechos por los que está siendo investigado en el caso Pokémon, en el que sigue imputado por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. «No salgo de mi asombro -le dijo a la jueza-, hay una manipulación en algunos casos tan inconcebible de las conclusiones que saca el SVA de hechos absolutamente irrelevantes, los transforma de tal manera, que esto, a mi juicio, está afectando gravemente a la instrucción».

Conde Roa manifiesta su sorpresa ante los informes de los aduaneros, que actúan como policía judicial, y afirma que se siente «pisoteado en mis derechos constitucionales, en mi presunción de inocencia y en mi derecho al honor por los informes que estos señores van haciendo, algunos de ellos inconcebibles». Además, el exalcalde considera que estos funcionarios tendrán que aclarar estos informes porque, «francamente, a mi juicio, se han lucido».

Para explicar estas afirmaciones, Conde Roa expuso tres casos en esta comparecencia, que fue a petición propia como otras tres anteriores y la última de las cinco que ha protagonizado hasta ahora.

El primero de ellos es su supuesta implicación en una trama para amañar un concurso del Concello de Santiago y favorecer a la empresa catalana GRS Arc Local, que finalmente fue adjudicataria del contrato para la gestión del cobro de multas. Conde Roa negó con rotundidad cualquier relación con este asunto y dio dos razones: ya no era alcalde cuando se adjudicó el contrato y no conoce a Álex Ros, el representante de GRS, también imputado. «Me tengo que indignar», dice Gerardo Conde Roa, que acusa a los funcionarios del SVA de «insinuar de la manera más cruel» que pudo haber recibido dinero de dicha empresa.

Otra de las razones del exregidor compostelano es que rechazó un regalo del grupo Vendex y, pese a que en el registro de la sede de esta empresa en Santiago los aduaneros encontraron un tarjetón firmado por él que acreditaba esa devolución, este hecho fue «ocultado» al no ser reflejado en los informes. En este punto interviene Pilar de Lara, le dice que en la tarjeta no aparece su nombre y defiende la actuación de los agentes desacreditando la insinuación de que la devolución fue ocultada, a lo que Conde Roa responde que su firma es reconocible y sentencia: «No pueden ser tan listos para unas cosas y tan menos listos para otras».

Lingotes de oro

El tercer caso al que alude el exregidor compostelano es el de los lingotes de oro por valor de 50.000 euros hallados en su domicilio durante el registro realizado el 14 de febrero del 2013, un asunto para él doloroso porque afecta directamente a su familia y por el que «he visto derramar muchas lágrimas». Conde Roa reiteró que el oro es propiedad de una de sus hijas pequeñas, producto de la donación realizada por sus abuelos maternos. «Ni dinero B, ni me dedico al tráfico de oro, me obligan a aclarar lo obvio y cuando uno ya está literalmente colgado de los pulgares», enfatiza ante la jueza, y se lamenta: «¡Por Dios! ¡Ya no sé qué más hacer!».

Esta declaración, que es la única de las realizadas por Conde Roa que ha quedado al margen del secreto sumarial, arranca con un caso distinto: la investigación al exregidor por su actuación en la presunta trama para conceder a Aquagest, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, la ampliación del contrato a cambio de favores. Gerardo Conde niega haber cesado a los que eran secretario e interventora del Concello cuando él llegó a la alcaldía, Javier Castiñeiras e Inmaculada Viña, respectivamente, porque se oponían a dicha ampliación. El exregidor aseguró que es «falso» y «fraudulento», en respuesta a las afirmaciones de Castiñeiras, de quien dijo que nada más acceder a la alcaldía le comunicó que lo iba a cesar porque «no estaba al nivel que se necesitaba» y añadió que el secretario y la interventora «trabajaban al alimón para torpedear sus ceses».