Los nuevos tomos de los que la jueza Pilar de Lara levantó el secreto de sumario amplían la información sobre las actuaciones supuestamente ilegales realizadas por el concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela Sarandeses, imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Los investigadores concluyen que de la relación que Varela mantenía con José María Tutor y Alberto Quintana, delegados de Vendex en Galicia y en Santiago, respectivamente, «se denota un tráfico de influencias a favor de estas personas».
Vigilancia Aduanera considera que el edil de Deportes habría mediado a favor de la contratación de dos personas en empresas del grupo Vendex, una de ellas su propio padre. No obstante, esta última no llegaría a materializarse, tal como Varela afirmó en su declaración ante Pilar de Lara. La empresa Sermasa, de Vendex, habría obtenido un contrato de asistencia técnica y la prórroga de la gestión de las instalaciones deportivas municipales. El SVA alude también a «la intermediación que realizaba Adrián Varela ante los órganos pagadores del Concello para abonar deudas al grupo Vendex».
El contrato del agua
El informe reseña que el edil de Deportes había sido trabajador de Aquagest antes de entrar en el Concello y «se sabe de su intermediación con el fin de obtener la prórroga» de la concesión del servicio de abastecimiento de agua que perseguía esta empresa a cambio de inversiones en Santiago por importe de veinte millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo porque el nuevo alcalde, Ángel Currás, no veía clara esta operación. Aduanas señala que Varela influenciaba para que Aquagest entregara dinero a entidades deportivas indicadas desde el Concello, entre las que destaca la realizada a favor del club de baloncesto Obradoiro, aunque también intervino a favor del Santiago Futsal y la Fundación Santiago Deportes.
La solicitud formulada por Adrián Varela del pago de su defensa letrada en este caso con cargo al Concello, aprobada por la junta de gobierno local pero no consumada al renunciar el edil posteriormente, ha dado lugar a la imputación por prevaricación de los siete concejales que tomaron esa decisión.