Ve injustificado el fallo del TSXG, mientras el BNG le exige explicaciones
03 may 2014 . Actualizado a las 13:42 h.El Ayuntamiento de Santiago recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la creación de las plazas de secretario, interventor y tesorero de apoyo que el PP introdujo en la plantilla del Concello del 2011, aunque el acuerdo no fue firme hasta febrero del 2012. Dichas plazas permitieron recolocar a quienes venían ejerciendo las funciones de interventor y secretarios generales -la de tesorero no se llegó a cubrir- cuando el entonces alcalde, Gerardo Conde Roa, decidió su sustitución por otros habilitados nacionales por libre designación después de acceder a la alcaldía.
El gobierno justificaba entonces, ante las críticas de la oposición, que se iniciaba «un nuevo orden» en la Administración capitalina. Un orden que viene a avalar Ángel Currás, sucesor de Conde Roa, y quien defiende que el Concello no ha incumplido ninguna norma. La creación de tales plazas se hizo conforme a los «requisitos» y estaba «xustificada», afirmó después de que la Xunta de Goberno decidiese, bajo su presidencia, plantear recurso. Lo que no ve «suficientemente xustificadas» Currás son las conclusiones de un fallo judicial que para la oposición ratifica su permanente cuestionamiento de esos relevos.
Porque esta es una polémica que se ha mantenido viva en la ciudad desde el 2012, y no solo por los recelos que generaron esos cambios, sino porque la creación de plazas que llevaron parejos se asumió en paralelo a los recortes aplicados a los funcionarios. La oposición veía detrás de estos relevos el interés del regidor por incorporar para esos puestos a funcionarios más permeables a sus políticas. «Foi unha decisión política, partidista e sectaria para tratar de ter uns habilitados máis permeables ao deseño das políticas que tiña en mente Conde Roa», afirmaba ayer el nacionalista Rubén Cela, quien defiende que el PP tendrá que dar «moitas explicacións» de por qué «se crearon esas prazas, sobre todo a tenor das informacións que se van coñecendo do sumario da Pokémon». Aunque también las reclama de la Xunta, que «autorizou a súa creación». Pero el PP recurre precisamente al informe positivo de la Xunta y a una circular de esa misma Administración sobre la reposición de efectivos para avalar su proceder.
Sin repercusiones prácticas
El gobierno compostelano defiende que sí podía sustituir a esos funcionarios siempre que les crease plazas de apoyo. Dice que hay doctrina en ese sentido y afirma que además se hizo con anterioridad al real decreto de enero del 2012 que establecía la tasa de reposición cero, porque aunque las nuevas plazas se aprobaron definitivamente en febrero de ese año se crearon con cargo a los presupuestos del 2011, en vigencia todavía en aquel momento.
Por boca de su portavoz, María Pardo, argumenta asimismo que las plazas de habilitados nacionales no computan a nivel de reposición de personal, aunque no parece entenderlo así el TSXG, que concluye que cuando se aprobó la creación de esas plazas ya había entrado en vigor el real decreto que impedía la ampliación de plantilla. El PP discrepa igualmente del fallo porque «parece contradecirse con un auto anterior de esa misma sala» cuando desestimó la petición de suspensión cautelar de estos nombramientos, dice Pardo, quien afirma que la sentencia no cuestiona la legalidad de esos nombramientos ni de los ceses y que no tendrá repercusiones porque la plantilla del 2011 ya está superada por las de los ejercicios sucesivos.