Aláez ve «ilegal e incoherente» haber dejado Angrois sin máxima seguridad

El juez Luis Aláez, instructor del accidente ferroviario de Angrois, está convencido de que el maquinista que conducía el Alvia siniestrado no es el único responsable de la muerte de 79 personas en la catástrofe ferroviaria. Como ya hiciera en septiembre, el magistrado insistió ayer, con un nuevo auto, en imputar al anterior consejo de Administración del ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias); al expresidente de la misma empresa pública con el anterior Gobierno, Antonio González, y al exdirector de Seguridad de Circulación, Andrés Cortabitarte. Aláez les atribuye responsabilidades penales «como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva» y como «partícipes en los delitos de homicidio y lesiones» causados a las víctimas del accidente.

El magistrado no achaca ahora responsabilidades al actual consejo de administración del ADIF, como había hecho en su anterior auto, que la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo al considerar que para acusar formalmente a los anteriores cargos, a los de ahora y a los técnicos que habían sido incriminados (22 en total) debería probarse que eran conscientes de la situación de riesgo de Angrois y que no hicieron nada por evitarlo.

Aunque Aláez advierte que las investigaciones futuras dirimirán posibles responsabilidades del nuevo equipo del ADIF e incluso de Renfe, basa sus acusaciones en el convencimiento de que no se dotó al tramo más peligroso de toda la línea entre Ourense y Santiago de las condiciones de seguridad suficientes y normativas. «Ilegal», «irregular», «mutilación de la instalación de seguridad adecuada y exigible», «solución antirreglamentaria e insuficiente» o «infracción de las normas ferroviarias» son las reflexiones con las que el instructor va salpicando su escrito para indicar que los imputados consintieron desde sus puestos o no se opusieron a dejar desde las inmediaciones de la curva de A Grandeira hasta la estación de Santiago sin el sistema ERTMS que garantiza una supervisión continua de la marcha del tren, su adaptación a las condiciones de la vía, y que fuerza su parada si no son observadas por el maquinista. Esa rebaja en las condiciones de seguridad es el punto angular de acusación, al margen de que el juez subraya que la línea se pensó y explotó con características de alta velocidad que requieren de más garantías de seguridad que las que pueda prestar únicamente el maquinista en un tramo capaz de acoger 300 kilómetros por hora y en el que es necesario bajar a 80 al llegar a la fatídica curva.

«Debió protegerse el paso por la curva con ERTMS», concluye el juez, que indica como alternativa que, al menos, se hubieran instalado señalizaciones de limitación de velocidad efectivas y colocar balizas ASFA que habrían frenado el tren si un fallo del maquinista llevaba a superar los 80 kilómetros por hora.

Presidente y técnico. Antonio González Marín (arriba a la izquierda), responsable del ADIF del 2004 al 2012, ocupa, como máximo responsable entonces de la empresa pública, la cúspide de las imputaciones, junto al que era el encargado del área de la Seguridad en Circulación en la misma sociedad, Andrés Cortabitarte López (arriba, derecha). El vocal José Carlos Alcalde es el único no imputado del anterior consejo de administración.

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