La Fiscalía sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para los ediles de Santiago

Durante algo más de seis horas vivieron la amarga experiencia de pasar por el banquillo de los acusados de la Audiencia los siete concejales del Ayuntamiento de Santiago, todos del Partido Popular, a los que la Fiscalía atribuye un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, que se conocerá en unos días, tendrá que determinar si los siete políticos, miembros de la junta de gobierno, actuaron conforme a derecho cuando un 30 de junio del 2013 aprobaron un acuerdo por el cual las arcas municipales se harían cargo de las costas de la defensa legal de su compañero de gobierno Adrián Varela Sarandeses, vinculado entonces y después imputado en la operación Pokémon por tres delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho.

Los abogados de la defensa y de la acusación, los testigos de ambas partes, en su mayoría altos funcionarios del Concello, y los siete ediles acusados coincidieron en que Adrián Varela -que no forma parte de la junta de gobierno municipal y, por tanto, fue el gran protagonista ausente en los juzgados de Fontiñas- podría recibir cobertura económica para su asistencia legal, como se propuso en otras ocasiones en el consistorio compostelano y en muchos municipios españoles, pero a partir de ahí son los matices del acuerdo los que se pusieron en la balanza judicial para determinar si el acuerdo era legal o no.

La fiscala Aránzazu San José sostuvo en sus interrogatorios y en su relato que el acuerdo era incondicional, esto es, que incluía el pago de las costas a pesar de que era conocido y público que Varela estaba imputado por el caso Pokémon: «Sabían que era un caso de corrupción», dijo en su alegato, y por lo tanto ajeno a las funciones legales de su cargo como concejal. Tampoco vio San José ajustado a derecho que no se indicase la cuantía ni siquiera aproximada de esa defensa letrada y que, además, se asignase un abogado concreto elegido por Varela ajeno al equipo jurídico del Concello. En sus conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo la petición de nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público para los siete ediles.

El abogado de la defensa, Pablo Rodríguez-Mourullo, trató de justificar que la decisión estaba avalada por un informe del secretario del Concello que ya incluye la condicionalidad del pago de esa defensa al exclusivo caso de que fuera absuelto, e incidió en que la literalidad del acuerdo firmado es interpretable -«Solo es un punto de partida», dijo-, de ahí que no se trate necesariamente de un acto administrativo que constituya delito de prevaricación.

Amelia González

La declaración más tensa. La edila de Persoal presidió la polémica junta de gobierno y durante el interrogatorio de la fiscala generó momentos de alta tensión que requirieron la intervención del juez Jesús Leal para calmar los ánimos. Aseguró que sabía de la imputación de Adrián Varela en la operación Pokémon «por la prensa» y se esforzó en explicar el funcionamiento del órgano de gobierno para insistir en que siempre sacan adelante los acuerdos con el respaldo jurídico de los informes del secretario municipal. «No soy abogada, y no soy quién para llevar la contraria a un informe del secretario», sentenció.

Juan de la Fuente

«Yo pregunté dos veces». El edil de Obras, Juan de la Fuente, aseguró en sede judicial que él preguntó en dos ocasiones a sus compañeros por la legalidad del acuerdo, que se remitieron al informe favorable del secretario, y le pareció «muy fuerte» vincular en aquel momento la imputación de Adrián Varela a un caso de corrupción porque toda la información que tenía al respecto le llegaba por la prensa, «que no siempre se ajusta a la realidad».

Cecilia Serra

Un gasto incierto. A la concejala de Facenda le tocó explicarse sobre la aprobación de un gasto como la defensa de un edil sin existir una consignación en los presupuestos. Cecilia Sierra afirmó que se trataba de «un gasto futuro e incierto» que después sería sometido a una fiscalización, por lo que no había motivo para no aprobar «un derecho constitucional» del concejal Varela.

María Pardo Valdés

Un error político «enorme». La portavoz del gobierno admitió que aprobar aquel acuerdo fue «un error político enorme», e incidió en que su voluntad era defender a su compañero ajustándose a derecho y sometiendo el pago al informe del secretario: «Era fundamental que se dieran los condicionantes», dijo, para aclarar que no son ellos los que redactan los acuerdos, aunque sí los revisan después. Pardo admitió que su relación con Varela en aquellos tormentosos días en el pazo de Raxoi no era buena, aunque cree que él estaba en el ejercicio de sus funciones -«un particular no podría cometer ese delito», explicó- y que no le tocaba a ellos prejuzgar el origen de la imputación.

María Castelao

Nunca dudó de la legalidad. María Castelao, que tuvo que abandonar la sala durante varios minutos por un problema médico, sostuvo en su intervención que no dudó en ningún momento de la legalidad del acuerdo y «nadie de la oposición dijo nada» al respecto. Admitió que «leímos los condicionantes» que se incluían en el informe del secretario, pero «entendimos que era un futurible», en relación a la situación procesal de Adrián Varela, bajo secreto de sumario.

Francisco Noya

«No hubo barra libre». El edil de Festas, Francisco Noya, fue firme al defender que no había «barra libre» en la defensa de Varela y que «solo atendimos un derecho» interpretando que el informe del secretario era suficiente para condicionar el pago de la defensa siempre que saliera absuelto de los cargos.

Luis Bello

La literalidad de la urgencia. El edil Luis Bello fue el que más se extendió, a petición de la defensa, para explicar que la «urgencia» del acuerdo al que hacía mención la fiscala no era literal, sino un formalismo que tiene que ver con el momento en el que llegó la petición de Varela, horas antes de la junta de gobierno, pero afirmó que es un proceso «muy habitual».

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