El gobierno local de Santiago denuncia «juego sucio» contra el Ayuntamiento

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, dijo ayer no ser conocedor de que Adrián Varela estuviese citado a declarar por la querella de un sindicalista de la CIG cuando le presentó su dimisión. «Eu fun coñecedor onte», afirmó ayer el regidor, que se mostró incluso dubitativo sobre la fecha en que el edil recibió el auto. «Creo que onte ou antonte», apuntó, pese a que ayer mismo ya se sabía que la notificación le había llegado el lunes al grupo municipal. Pero entre el gobierno local sí se sabía con anterioridad a la dimisión que Varela tenía un nuevo frente judicial. Al menos la portavoz, María Pardo, sí era conocedora. La edila reconoció que el propio edil se lo había hecho saber «antes de salir el comunicado» en el que se dio cuenta públicamente de su renuncia.

Sin embargo, Pardo sostiene, al igual que el alcalde, que esa citación no ha sido determinante en la decisión del exconcejal de Deportes. «Creo que él lo tenía meditado mucho antes», dijo al tiempo que lamentaba la marcha de Varela, «al que se va a echar de menos en la gestión». Aun así, reconoció que la dimisión le había «sorprendido», aunque ya no lo hacen otras cosas. «Al gobierno ya no le sorprende nada del juego sucio que existe en torno al Concello de Santiago», un juego que atribuye a la oposición, a la que acusa de actuar por el interés de «quítate tú para ponerme yo». Y siguiendo con ese discurso, augura que «llegarán más [denuncias], seguro». «Estamos en el final del mandato, creo que va a ser más duro de aquí en adelante», añadió la edila, quien solo se permitió un momento de autocrítica para apuntar que sí han cometido un «error muy grande», la «poca capacidad de comunicar la brillante gestión que estamos haciendo, brillante económicamente y con la gestión de los servicios básicos y las inversiones».

Pero frente a esa gestión «parece que tiene más importancia todo el problema político que hay», lo que para la portavoz de Currás «es una pena».

El cuarto relevo en el PP

La desvinculación de Adrián Varela de la vida municipal se formalizó ayer con la aceptación de su renuncia por el pleno, un pleno al que el ya exedil no asistió y tras el cual se iniciarán los trámites para proceder a su relevo, el cuarto en las filas populares desde el inicio del mandato tras las dimisiones de Conde Roa, Albino Vázquez y Paula Prado.

Implícitamente, a esa teoría de la supuesta injusticia que se está cometiendo con el gobierno de Santiago también se enganchó ayer el presidente de la Xunta. Porque Alberto Núñez Feijoo hizo suyas las declaraciones a un periódico local realizadas horas antes por el decano de la Facultade de Dereito de la Universidade de Santiago. En dichas manifestaciones, refiriéndose al proceso por prevaricación celebrado el 19 de mayo contra siete concejales populares, Luis Míguez sentenciaba: «No entiendo cómo este asunto ha llegado siquiera a juicio». «¿Nós que temos que facer agora? Confiar na Xustiza, confiar no recto proceder da Xustiza e pedir xustiza», apostilló el jefe del Ejecutivo autónomo.

Al término de la reunión semanal de su Gabinete, preguntado acerca de si estaba satisfecho con su papel en la crisis institucional de Compostela, a la vista del batacazo electoral y de que los líos en los tribunales no cesan, Feijoo eludió pronunciarse. Al contrario, optó por contestar valorando la dimisión de Varela, que aplaudió. «É unha decisión -proclamó- sen dúbida persoal, pero estou plenamente de acordo con ela. Alégrome de que a adoptara. [...] Creo que acertou plenamente. E, polo tanto, non podo máis que agradecer este acto de responsabilidade».

Reconoció también que, a su entender, en ese adiós del concejal de Deportes pesó su imputación en la operación Pokémon y el hecho de que siete de sus compañeros se hayan tenido que sentar en el banquillo de los acusados por su culpa, pero también el último de sus problemas con la Justicia: el intento de despido por el cual tendrá que declarar el 13 de junio. Una mezcla de factores, como también mezcló Feijoo esta salida de Varela de la política con el proceder de otros partidos en materia anticorrupción, para recordar que los alcaldes socialistas de Lugo y Ourense están imputados en varias causas y se mantienen en sus cargos.

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