Ángel Currás es ahora mismo el único imputado del gobierno tras la marcha de los siete concejales condenados el pasado lunes por prevaricación y la renuncia que ayer le comunicaba Rebeca Domínguez, imputada en la Pokémon, al igual que el regidor. Aunque este tiene un segundo frente judicial abierto, el que se derivó de la denuncia del exsubjefe de la Policía Local de Santiago. No es el único de la corporación, porque la Pokémon ha alcanzado también al socialista Bernardino Rama.
Las últimas dimisiones han aligerado esa carga para el Ayuntamiento, pero no han dejado en mejor posición a la administración local, que durante varias semanas tendrá que hacer frente a la gestión de la capital con un gobierno de tan solo cuatro personas. La gestión tendrá necesariamente que resentirse por lo que el grupo municipal del BNG calificaba ayer como una situación «insólita» tanto para el Ayuntamiento como en el municipalismo gallego. Y para su portavoz, Rubén Cela, solo con la dimisión de Ángel Currás, ahora ya como único imputado, sería posible «comezar unha nova etapa e que fose crible unha mensaxe de transparencia, de limpeza e de rexeneración democrática que tanta falta fai nesta institución». Porque, para los nacionalistas, un alcalde doblemente imputado, «deslexitimado e sen autoridade moral diante do persoal municipal non pode ser quen pilote a renovación».
Pero mientras Cela seguía reclamando una mudanza total, el alcalde se aplicaba ayer para transmitir «tranquilidad en cuanto al área de gobierno». La gestión municipal continúa. Ayer lo hacía con «varias reuniones y acciones» mantenidas por los jefes de servicio y de sección «supervisados por el resto de los concejales». Pero pocas cosas son normales ahora mismo en Santiago. La junta de gobierno se ha quedado con dos ediles, aunque ayer Currás anunciaba que se incorporarían los otros tres. Eso era antes de la renuncia de Domínguez. Y sostenía que con tres era suficiente para sostenerla.