El informe de intervención es preceptivo en todas las fases de ejecución del gasto y del pago
26 jul 2014 . Actualizado a las 12:50 h.El alcalde de Vigo prolongó en el 2012 la concesión del auditorio Mar de Vigo o palacio de congresos sin someter el expediente a la fiscalización del interventor del Concello. Así lo hace constar el propio funcionario, quien añade que en el expediente que se remitió a la junta de gobierno municipal para la aprobación provisional del plan económico financiero se omitió la función del interventor. Recuerda que el informe de intervención es preceptivo en todas las fases de ejecución del gasto y del pago.
La comisión de investigación del auditorio ya anticipó esta semana durante la exposición de las conclusiones «graves irregularidades administrativas» ante la inexistencia de informes del secretario e interventor, que podrían derivar en consecuencias penales. Los hechos se remiten al 2012, cuando el alcalde vigués decidió de forma unilateral ampliar el período de concesión en 25 años, con lo que la explotación pasaba de 35 a un total de 60 años. Además, aportó cinco millones de euros más a la adjudicataria calculando que habría unos beneficios próximos a los 150 millones. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor y el auditorio no acogió los congresos que se esperaban ni tampoco las actuaciones. El restaurante cerró y a continuación lo hizo el hotel. Entre los motivos, las empresas alegaban que el Concello no había humanizado el entorno de Beiramar, donde se ubican las instalaciones y, por tanto, seguía como una zona marginal.
La corporación decidió crear una comisión para investigar lo sucedido, de la que se desmarcaron el gobierno municipal (PSOE) y el BNG. Tras un año de trabajo, mil folios de documentación y otros cien del informe, el presidente de la comisión y concejal del PP responsable de Cultura, Roberto Relova, alertó el pasado martes que el auditorio está al borde del concurso de acreedores. Si se da el caso de que quiebre, dijo, podría costarle al Concello de Vigo entre 30 y 50 millones de euros. «Si la concesionaria se va, exigiría un rescate económico», alertó.
Destacó el hecho de que en la actualidad aún no esté terminado y que el mismo día de la inauguración se registraran inundaciones en algunas dependencias, por la premura de estrenarlo antes de las elecciones.