La Xunta quiere aprobar este otoño el proyecto de ley para evaluar a 120.000 funcionarios

El borrador legislativo que contempla la evaluación del rendimiento de 120.000 empleados públicos lleva año y medio dando tumbos. En este tiempo, la Xunta lo ha metido y lo ha devuelto al cajón en función de la oportunidad. Lo difundió en la primavera del 2013, con la intención de darle luz verde en unos meses. Pero lo guardó cuando decidió meter la tijera por segundo año a las extras de los trabajadores de la Administración autonómica y las tres universidades. Ahora, después de desempolvar en junio el anteproyecto de la Lei de Emprego Público y remitirlo a los sindicatos, el Ejecutivo de Feijoo pretende acelerar el proceso y aprobar este otoño el texto para elevarlo al Parlamento.

Aunque la Dirección Xeral de Función Pública solo admite oficialmente que está trabajando en el asunto, en conversaciones con sindicatos ha trasladado la previsión de que el Consello de la Xunta pueda dar luz verde al proyecto de ley antes de noviembre. El plazo es algo ajustado. Por el amplio alcance de una norma que, además de entre los empleados al servicio de la Administración autonómica, será de aplicación entre los de las universidades, los concellos y las diputaciones. Pero también por las discrepancias con los sindicatos sobre los puntos más controvertidos de un marco que consideran que excede el Estatuto Básico del Empleado Público.

El plus de altos cargos, blindado

Hasta ahora, Función Pública no ha cedido en esos aspectos más discutidos. Al contrario, ha trazado líneas rojas en cuestiones como el papel protagonista que el texto reserva a los jefes de cada departamento en esa evaluación del rendimiento, la posibilidad de imponer su movilidad en áreas con exceso de personal para cubrir otras deficitarias o la libertad para reclutar en la empresa privada a los directivos de los chiringuitos. La Xunta blindó estos aspectos en la primavera del año pasado, cuando recabó por vez primera alegaciones de los sindicatos al borrador, y los mantuvo en el texto que les remitió en junio pasado, en principio con la intención de que le trasladaran sus observaciones en 10 días. No parece que tenga intención de eliminarlos ahora. Las objeciones sindicales sobre la evaluación no se centran en ese examen periódico, que el texto define como «procedemento mediante o cal se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou o logro de resultados», sino en la arbitrariedad que creen que se introduce al permitir que sean los superiores los que juzguen al empleado. La Xunta sostiene que esa evaluación incidirá en la mejora de la gestión.

Además, el anteproyecto de ley (con 212 artículos, 8 disposiciones adicionales y 9 transitorias) recoge el compromiso electoral del PP para que el personal laboral fijo pueda convertirse en funcionario, a través de un proceso reglado, y consolida el plus para los funcionarios que ocuparon altos cargos, cuyo pago está paralizado por la Xunta desde el 2012.

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