Quieren revisar los mecanismos actuales y reclaman más medios policiales
13 may 2015 . Actualizado a las 15:09 h.«Las medidas restrictivas de derechos solo pueden ser adoptadas en el curso de un proceso penal cuando existen indicios racionales de criminalidad, sin que sea suficiente la mera sospecha sin acreditación indiciaria». Es uno de los argumentos que plantean las asociaciones de jueces de Galicia al salir en defensa de la actuación de la jueza de Verín que instruía el caso del robo con agresión en la casa de Isabel Fuentes, la mujer que fue asesinada por su marido el viernes en la cama del hospital de Ourense en la que se recuperaba de sus graves lesiones.
La mujer, de 66 años, no contaba con ningún tipo de protección cuando fue asesinada a cuchilladas por su esposo, Aniceto Rodríguez, de 75. La Policía Judicial de la Guardia Civil había advertido a la jueza de Verín de sus sospechas de que el marido podría haber sido quien la agredió en la noche del 2 de abril. Los investigadores pidieron a la jueza autorización para pinchar el teléfono del sospechoso y que mantuviese a Isabel en la uvi, donde estaría más protegida. La jueza entendió que las investigaciones realizadas hasta entonces no habían conducido a ninguna prueba contra el hombre y que solo con sospechas no se podía autorizar una medida como una intervención telefónica. Por ese motivo, los jueces ven «especialmente necesario» reivindicar una mayor dotación de medios a las unidades de la Policía Judicial «que les permita reunir todos los datos precisos con la mayor celeridad».
Los representantes en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que suscribieron un comunicado conjunto en el que muestran su repulsa ante la violencia machista y transmiten sus condolencias a la familia de la mujer asesinada, explican que adoptan diariamente «las medidas de protección que se consideran adecuadas para evitar y proteger a las víctimas», y recuerdan que la adopción de esas medidas «necesita de la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la aportación de la información precisa para su adecuada gestión».
En el caso de la mujer asesinada en el hospital de Ourense, las tres asociaciones de jueces destacan «el carácter excepcional» de ese suceso y recuerdan que inicialmente se planteó como una agresión por un desconocido en marco de un robo. Por ello, señalan que la investigación se desarrolló «al margen de las previsiones referidas a los delitos de violencia de género».
Dicen los jueces que sucesos como el de Ourense no pueden quedar al margen de la reflexión y de la mejora en la coordinación de quienes intervienen en la lucha contra la violencia machista. Aseguran que no beneficia nada a esa mejora «la difusión parcial» de unas actuaciones judiciales secretas por naturaleza. «Es demasiado fácil prever lo que podía suceder cuando se sabe lo que sucedió», aseguran. Por ello reclaman «prudencia a la hora de valorar decisiones adoptadas cuando aún no se conocían la totalidad de los datos que ahora han trascendido».
Por último, los jueces piden la convocatoria urgente de la Comisión Gallega de Policía Judicial para «revisar los mecanismos de coordinación en vigor y profundizar en nuevos mecanismos que permitan evitar situaciones como la que desgraciadamente se ha producido».
Pero ayer hubo más reacciones. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió de la necesidad de aumentar los mecanismos de prevención. Por su parte, la decana de los psicólogos de Galicia, Rosa Álvarez, que casos como el de Ourense suponen «un fracaso social».
Tres asociaciones de jueces salen en defensa de su compañera
de Verín