Juicios mediáticos como el que el 23 de junio se iniciará por el crimen de la niña asesinada en Santiago reabren el debate sobre el funcionamiento de los jurados populares
17 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Juan fue miembro del jurado que hace tres años condenó a un hombre por asesinato. Pide aparecer en el periódico con un nombre ficticio «porque nos dijeron que no podíamos hablar del tema». Su testimonio sí es real y esclarecedor de los problemas que, desde su implantación en 1995, afrontan los juicios con tribunal popular como el que, a partir del próximo 23 de junio, juzgará el asesinato de Asunta Basterra, la niña de 12 años de Santiago. En el banquillo de los acusados se sentarán sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, que se exponen a condenas de entre 18 y 20 años de cárcel cada uno. La experiencia de aquel jurado marcó a Juan, que admite que tardó «un tiempo» en recuperar su actividad normal. «No creo que todo el mundo esté preparado para pasar por esto. A mí me dijeron que tal día estuviera en el juzgado y fui allí sin saber ni a qué iba. A los cinco minutos de llegar me pusieron en el jurado y yo no sabía ni que ese día empezaba el juicio. Pedí la mañana libre en el trabajo y me tuvieron allí una semana», relata.
Es común que los ciudadanos seleccionados al azar para formar parte de un jurado protesten y afirmen no estar preparados para soportar el peso que tiene juzgar. «La mayoría se quejaban porque decían que no tenían ni idea de leyes, pero nos explicaron que buscaban ese perfil y que cuanto menos supiésemos, mejor». Ser jurado es un derecho, pero también un deber consagrado en el artículo 125 de la Constitución. Cada dos años se hace un sorteo en cada provincia entre todo el censo electoral. Se escogen 50 veces más jurados de los que se estima que serán necesarios y de esa lista, cada vez que hay un juicio, se eligen 36 candidatos que deberán quedar en once el primer día de sesión. Nueve serán los que juzguen al acusado y dos quedarán como suplentes en previsión de que alguno sufra una indisposición.
Entre los juristas, la opinión mayoritaria es favorable a revisar qué delitos deben reservarse a los tribunales populares y cómo debe seleccionarse a los ciudadanos. El fiscal Antonio Roma, adscrito al área de Santiago, no considera que el jurado tenga deficiencias en su funcionamiento, aunque sí admite que han surgido problemas. Alguno de ellos tan gráfico como el resultado de los procesos por incendios forestales. «Se ha detectado que las condenas no son las mismas en verano que en invierno, por la cercanía o lejanía con el fenómeno», explica. En caliente, con las brasas aún ardiendo en los montes, los incendiarios son mucho menos tolerados que a toro pasado. Un efecto que habla de la volatilidad de los jurados, que no se da en los jueces profesionales.
El ciudadano está preparado
No obstante, para Roma «el ciudadano medio está preparado para ser jurado, porque lo está para decidir si se cree o no se cree unos hechos». Eso sí, para un jurado lego en derecho no es lo mismo dilucidar algo muy concreto, como un asesinato, que un delito técnico como la malversación de caudales públicos. Es ahí donde el fiscal compostelano considera que pueden surgir más problemas. Una opinión que comparte el abogado Ulises Bértolo, que considera que no hay que plantearse que los ciudadanos participen en la impartición de justicia, sino en qué delitos deben hacerlo. «Hay que restringir o revisar en qué tipo de procesos puede participar un jurado y que el criterio de selección de los miembros del jurado esté muy bien hecho y definido, porque se necesita que sean personas con una capacidad de interpretación importante. No es necesario el conocimiento jurídico, pero sí ser capaz de comprender y valorar los hechos, las pruebas», señala el letrado.
El sistema actual, totalmente aleatorio y que solo admite tres descartes a las acusaciones y otros tres a las defensas, está lejos de garantizar esos requisitos de los que habla Bértolo, que advierte: «Esto no es como participar en una mesa electoral, y por ello son necesarios criterios de control para que las personas que estén ahí tengan una mínima capacidad interpretativa para poder desgranar los hechos, porque están jugando con algo muy importante».
El abogado advierte además que debería evitarse que los pleitos mediáticos, como el de Asunta, recayesen en tribunales populares que ya han leído, visto y oído todo sobre el caso y por ello pueden haber juzgado de antemano. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? «Eso es inviable, porque quién decide qué es mediático y qué no», se pregunta el fiscal Roma.
Hace falta información y pautas para evitar insomnio, traumas e incluso fobias
Un juicio es muchas veces un evento traumático para los jurados, que no saben bien cómo afrontar una situación sobre la que no tienen control y que es absolutamente inesperada. «Es un shock y el shock produce trauma», advierte la psicóloga social e investigadora de la Universidade da Coruña Adina Dumitru. «El participar, incluso aunque solo sea como testigo, de eventos tan dramáticos y horrendos siempre deja una huella y, al menos momentáneamente, trastorna», añade. Paliar estos efectos negativos, que provocan con frecuencia que durante los días que se celebra la vista oral los jurados padezcan insomnio o problemas gástricos, es posible con más información. Tanto de los síntomas que pueden aparecer, que estudios en EE.UU. señalan que en sus casos más extremos pueden llegar incluso a las fobias, como de lo que van a afrontar durante el proceso, como imágenes o testimonios especialmente duros.
«Es muy difícil decir si los jurados están o no psicológicamente preparados, pero esto pasa en sistemas con poca experiencia en este tipo de tribunales, como España, como en otros de larga tradición, como EE.UU.», señala Dumitru. La psicóloga cree que sería deseable hacer un seguimiento a los jurados «con un mecanismo de evaluación que unos meses después incluya unas entrevistas para ver qué efectos ha tenido en el ciudadano».
Un eterno debate
Desde su implantación en España, el tribunal del jurado se ha convertido en uno de los debates recurrentes entre los juristas. Los hay a favor de la institución y en contra, pero también existen los que apuestan por modificarla para crear jurados mixtos -con legos y jueces- como los que existen en los países escandinavos, en Francia o en Italia. «El debate siempre va a existir y es enriquecedor», explica el decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira. El letrado es de los que no son favorables al tribunal del jurado «porque los ciudadanos pueden estar a veces mediatizados o no entender bien la terminología jurídica», explica. «Que la Justicia emana del pueblo es obvio, pero eso no quiere decir que tenga que ser el propio pueblo el que juzgue», añade. En todo caso, considera que, pese al debate y a que cada jurista pueda estar a favor o en contra «el tribunal del jurado está ahí, ha llegado para quedarse y hay que aceptarlo como legislación».