En las incautaciones de objetos robados y en los alijos de droga es habitual hallar tecnología preparada para anular alarmas, mandos a distancia y comunicaciones
12 jul 2022 . Actualizado a las 20:14 h.Hace algunas semanas, en pleno tirón turístico del mes de agosto, la Ertzaintza alertaba de la proliferación en Bilbao de robos en vehículos utilizando inhibidores de frecuencia. El procedimiento, detectado también en otros puntos de España, no es complicado. Los cacos activan el inhibidor, habitualmente en lugares frecuentados por turistas o viajantes que pueden llevar objetos valiosos en sus coches. Los propietarios aparcan el vehículo, se bajan, accionan el mando y, pensando que la puerta se ha cerrado, se alejan del lugar. Es entonces cuando los ladrones, atentos al movimiento, abren sin más el coche y se llevan lo que hay dentro, dando un disgusto al confiado dueño a su regreso.
Este procedimiento parece no haber llegado todavía a Galicia. Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen constancia de que se hayan producido sustracciones en territorio gallego utilizando este método. Sin embargo, el empleo de inhibidores en actos delictivos no es ni mucho menos desconocido en Galicia. Hace algunos meses, la Guardia Civil desarticulaba una banda de butroneros que operaban en toda la comunidad. Seleccionaban convenientemente sus objetivos, elegían fundamentalmente naves comerciales y utilizaban inhibidores para anular las alarmas.
No fue un caso excepcional. En numerosas incautaciones realizadas por las fuerzas del orden figuran inhibidores de frecuencia. Sin ir más lejos, este viernes caía una red de narcotraficantes en una operación desarrollada por la Guardia Civil en Galicia, Madrid, País Vasco, Aragón y Cantabria. El operativo, en el que fueron detenidas diez personas, se saldó con la intervención de una tonelada y media de cocaína, once de hachís, coches, dinero en efectivo y, una vez más, tres inhibidores de frecuencia.
Ofertas en Internet
El uso particular de estos dispositivos no es legal y, sin embargo, son fácilmente accesibles a través de Internet, donde multitud de páginas ofertan diferentes variedades que pueden adquirirse por un precio que oscila entre los 60 y los 2.000 euros, en función de su tipología y de su potencia.
Cuando se estaciona un vehículo en las inmediaciones de un coche oficial o de un edificio público puede ocurrir que al accionar el mando a distancia para cerrarlo este no funcione y sea necesario hacerlo de forma manual. Esta circunstancia indica que se está en el radio de acción de un inhibidor de frecuencia empleado, en este caso, de forma legal. En los vehículos oficiales o con riesgo de que sean atacados se colocan estos perturbadores de señales que interfieren sobre las frecuencias más habituales para activar explosivos a distancia. Esto mismo ocurre con aquellos edificios o recintos que se considera que pueden ser blanco de atentados terroristas: se dotan con esta tecnología para dificultar los ataques.
Según la normativa europea, los inhibidores no pueden ser importados, comercializados, instalados y puestos en funcionamiento en ningún lugar de la Unión Europea, y «solo se admite su uso en circunstancias puntuales y debidamente justificadas de actividades relacionadas con la seguridad pública, la defensa nacional o la seguridad del Estado», explican desde la jefatura provincial de A Coruña de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Por tanto, el uso de cualquier instrumento de este tipo debe ser previamente autorizado.
Estos aparatos funcionan dificultando o impidiendo las comunicaciones por radiofrecuencia entre otros dispositivos que están en su radio de acción. En realidad lo que hacen es provocar un ruido mayor que imposibilita que el emisor y el receptor se comuniquen adecuadamente. Integrados por un generador de onda y un transmisor, pueden utilizarse para perturbar la señal de radares, GPS, teléfonos móviles, dispositivos infrarrojos, radio frecuencia, vídeo o audio.
Varias universidades tuvieron que retirar los dispositivos con los que evitaban las chuletas electrónicas
La generalización de los inhibidores de frecuencia hizo pensar a algunos responsables de instituciones educativas que se había dado con la solución adecuada para evitar que los alumnos pudiesen copiar en los exámenes transmitiendo y recibiendo datos a través de sus teléfonos móviles. No fue así. Varias universidades españolas se vieron obligadas a retirar los perturbadores que habían instalado con este fin, pues el Gobierno argumentaba que esos aparatos podrían interferir sobre investigaciones o actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado o afectar a las comunicaciones de edificios cercanos.
Todavía no hay constancia de que se hayan dado casos en Galicia, pero en Estados Unidos -donde el uso de inhibidores es también ilegal- fueron detectados varios individuos que utilizaban artilugios de este tipo en el autobús para interrumpir las conversaciones telefónicas de sus compañeros de asiento. Su viaje resultaba sin duda más cómodo, pero estaban incurriendo en una ilegalidad.
Como en Estados Unidos, en España los inhibidores de frecuencia solo pueden ser utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por las Administraciones públicas autorizadas y no pueden ser vendidos a particulares ni utilizados por estos. Pero su uso legal está generalizado, y sin salir de Galicia hay empresas que se dedican a fabricar aparatos de este tipo. Una firma coruñesa, sin ir más lejos, fue la encargada de dotar de esta tecnología a vehículos de las Fuerzas Armadas.