La ejecutiva federal rechaza su recurso, declara definitiva la sanción y estima como «muy graves» sus críticas y acusaciones de corrupción
30 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Carlos Príncipe, alcalde socialista de Vigo entre 1991 y 1995 y vicesecretario general del PSdeG a finales de los años ochenta ya no forma parte del PSOE. El comité federal de Ética y Garantías de su partido ha declarado firme y sin más posibilidades de recurso su expulsión de la organización en la que militó desde 1981, al considerar que ha cometido una «falta muy grave por menoscabar la imagen de los cargos públicos e instituciones socialistas» con sus acusaciones y denuncias sobre la gestión de cargos del PSOE en el Ayuntamiento de Vigo.
La resolución definitiva del órgano que dirime los derechos y deberes en la ejecutiva estatal del PSOE no acepta que las críticas y denuncias de Príncipe deban de protegerse a cuenta de la libertad de expresión, como reclamaba el ahora expulsado. «Esas manifestaciones traspasaron con mucho los límites de lo aceptable entre compañeros de un mismo partido. Supusieron un claro daño a la imagen del PSOE en Vigo y de sus dirigentes, máxime cuando el partido gobierna en la ciudad», argumenta la comisión de ética.
El expediente de expulsión se hace eco de declaraciones de Príncipe en las que mencionaba tanto la existencia de enchufes en la plantilla municipal y adjudicatarias a favor de allegados de dirigentes de su partido, como a que Abel Caballero «lidera una trama que utiliza empleos y contratos públicos» en el Concello para fortalecer su liderazgo en el partido y en la institución municipal, según señalaba el ya exmilitante socialista.
Como prueba de sus acusaciones y argumento de alegación contra el expediente disciplinario, el exalcalde socialista pidió que se tomase declaración a 19 cargos del PSOE vigués y a sus allegados supuestamente favorecidos con contrataciones en el Ayuntamiento desde que lo preside Caballero. Dichas declaraciones fueron desechadas por los instructores del expediente, al considerar que no contaban con competencia legal para requerir datos de contratos a administraciones y empresas, y que el concejal de gestión municipal, uno de los denunciados por Príncipe, «ha manifestado que todas las contrataciones han cumplido con la legalidad que rige toda contratación pública».
La comisión de garantías del PSOE recoge 18 declaraciones del exalcalde del tipo: «Caballero, como Antoñita la fantástica»; «el sátrapa de Caballero empieza a caer en sus propias trampas y mentiras», o «Caballero está acostumbrado a decir una cosa y al día siguiente la contraria», para advertir que constituyen una «falta muy grave».
Denuncias de enchufes
Príncipe fue objeto de un expediente disciplinario en agosto del 2011, que se diluyó al superar los plazos de instrucción previstos en el partido, pero que sería reactivado en abril del año siguiente tras presentar el exalcalde una conferencia que pronunció en Vigo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Dicho acto, en el que acusó a Caballero de haber importado a Vigo «el peronismo», le costó la suspensión de militancia durante 18 meses. Luego, a raíz de un expediente disciplinario abierto al exedil Gonzalo Caballero por pedir que se sancionase a Carmela Silva por vulnerar las normas del PSdeG al ocupar dos puestos electos, Príncipe terció en favor de su compañero del sector crítico asegurando que el alcalde «y su camarilla en la dirección del PSOE de Vigo» habían tejido una red clientelar «que está abusando y mal usando los medios públicos y los puestos de trabajo públicos para conseguir adhesiones personales». Dicha acusación generó la sanción que ahora se hace firme.
Sus denuncias han dado pie a la imputación del concejal vigués Ángel Rivas
La trama de enchufes que Carlos Príncipe aseguró que Caballero y su equipo han generado primero en el puerto y después en el Concello, así como la supuesta utilización de contrataciones de obras y servicios a favor de allegados, fue recibida tanto por el gobierno municipal vigués como por el secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, con la misma recomendación: que remita las pruebas a la Justicia.
Ese camino fue el que tomó Príncipe, que se personó ante la Unidad de Delincuencia y Violencia Especializada (UDEV) para contar lo que entendía eran actuaciones constitutivas de delito en la gestión del Concello de Vigo. A lo largo de ocho folios, los agentes fueron tomando nota de los nombres de los supuestos enchufados y de aquellos que permitían el enchufe y decisiones irregulares a juicio del exalcalde. Una de ellas acabaría mereciendo la atención directa de la Fiscalía y más tarde la de la jueza de primera Instancia e Instrucción número 1 de Vigo, que imputó al edil Ángel Rivas por supuesta prevaricación y negociaciones prohibidas al considerar que «concertó» como apoderado de la empresa Hormigones Valle Miñor o a través de otro apoderado el suministro de materiales de construcción a empresas que resultaron adjudicatarias de obras por parte del gobierno municipal vigués. La Fiscalía señaló que una de las empresas relacionadas con esa práctica era Eiriña, epicentro después de la operación Patos, por la que Caballero y cuatro ediles, incluido Rivas, han sido imputados.