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El administrador pretende evitar que en proyectos como el de Galicia se abonen trabajos que en realidad no se ejecutan, como ocurrió en Cataluña
30 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las diferencias que surgen entre las adjudicatarias y el ADIF durante la ejecución de las obras, que llegaron a parar los trabajos en las obras entre Lubián (Zamora) y Porto (Ourense), en el nuevo acceso de alta velocidad a Galicia, es una de las razones que impulsa la auditoría que acaba de encargar el administrador ferroviario para controlar la ejecución de los trabajos del AVE y comprobar que se ajustan a los proyectos que fueron aprobados en su momento. Pero la motivación principal, explican fuentes del ADIF, es evitar fraudes en la certificación de la obra para evitar sobrecostes o pagos de trabajos que en realidad nunca se realizaron.
El precedente más inmediato para llevar a cabo esta licitación, inédita hasta ahora, es la denominada operación Yogui, instruida por un juzgado de Barcelona y que ha supuesto la imputación de cargos del ADIF por certificar -esto es, abonar- obras que en realidad no se habían ejecutado durante la construcción del AVE a Barcelona. «Hemos establecido múltiples controles a raíz de este caso y este es uno más», explica un portavoz del administrador ferroviario.
Esta auditoría, con un presupuesto de licitación de 3 millones de euros, incluirá una revisión «cualitativa» para comprobar la adecuación del contenido del expediente de obra «a los criterios del proyecto y de la dirección general de ADIF-Alta Velocidad». Este trabajo se complementa con una revisión «cuantitativa», en la que se compararán las certificaciones -los pagos solicitados o abonados- «con la realidad física de las obras». La intención es llevar a cabo un «análisis crítico» de los conceptos que incluyen las empresas adjudicatarias en sus expedientes de obra, «analizando su fundamentación».
Un tercer filtro
La auditoría sin duda supondrá un control más férreo de los trabajos de las constructoras en lugares como el tramo ferroviario de montaña entre Lubián y Ourense. Aunque ya existen empresas que controlan a las adjudicatarias, y todas ellas a su vez están supervisadas por personal del ADIF, se pretende configurar un tercer filtro para evitar posibles fraudes.
Para ello se analizarán las mediciones y los precios, y se impondrá una estructura presupuestaria «por obras elementales» para que hasta el más mínimo gasto esté justificado. Sobre el terreno, la empresa que finalmente lleve a cabo la auditoría comprobará que los gastos tienen su reflejo en el estado real de la obra, «con comprobación in situ de la geometría y calidad de los diferentes elementos», se asegura en el pliego de licitación.
Después de realizar este análisis se elaborará un informe de conclusiones y una serie de propuestas o recomendaciones «de corrección» si finalmente se detectaron «desviaciones técnicas, económicas o administrativas».
La auditoría se realizará durante un año en obras en marcha de alta velocidad de toda España, pues se trata de un acuerdo marco. Las del nuevo acceso ferroviario a Galicia, por tratarse de las más importantes en la actualidad desde el punto de vista presupuestario y técnico, serán sin duda un objetivo prioritario de los auditores del ADIF.