Setenta y siete ediles urbanos no publican su patrimonio como exige la ley de transparencia
GALICIA
Los bienes de los concejales de Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo suman 7,2 millones de euros
13 ene 2016 . Actualizado a las 17:31 h.Desde hace un mes todos los ayuntamientos del Estado están obligados a cumplir la ley de transparencia, que entre otras exigencias recoge la de publicar las declaraciones de bienes y actividades de alcaldes y concejales. La ley, aprobada en diciembre del 2013, concedió a la administración local dos años para adecuarse a la obligación de dar a conocer la evolución del patrimonio de sus cargos electos, incidiendo el texto legal en que la información «será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de manera clara, estructurada y entendible».
Solo cuatro de los siete concellos urbanos de Galicia se han sometido a ese obligado ejercicio de transparencia, que eluden por diferente motivo los 77 ediles de las otras tres corporaciones. El Concello de Ourense ha decidido que solo difundirá dichos datos entre el 15 y 30 de julio de cada año; Pontevedra acaba de mandar una carta a sus concejales para anunciarles que se publicarán sus patrimonios, y Ferrol, pese a llevar los socios de gobierno (Ferrol en Común y PSOE) dicho compromiso en sus programas electorales y haberlo hecho antes ya la anterior corporación, aún no cumple la normativa.
Entre los que sí lo hacen son los ayuntamientos de Vigo (PSOE) y A Coruña (Marea) los que ofrecen en sus webs una información más detallada del patrimonio con el que han iniciado el mandato sus ediles. Valor de propiedades inmuebles, planes de pensiones, acciones, fondos, vehículos, hipotecas y deudas son especificadas por la mayoría de sus cargos electos. En Santiago (CA), en cambio, el 80 % de los ediles oculta la cuantía de sus depósitos y la mayoría no cuantifica el valor ni identidad de sus acciones o títulos, o el estado de sus planes de pensiones. En el Concello de Lugo (PSOE) en ningún caso se especifica el valor catastral de las propiedades declaradas, y solo la mitad de los políticos revelan el nivel de sus ahorros. Además, no constan allí las declaraciones de los ediles que sustituyeron a dos compañeros dimisionarios en las filas del PSOE, situación sí actualizada en otros concellos.
69.160 euros por cabeza
Teniendo en cuenta dichas lagunas, los bienes y fondos de los 104 ediles de las cuatro ciudades que se han sometido al principio de transparencia suman 7,19 millones de euros, lo que supone una media de 69.160 euros por cabeza. El dinero con el que cuentan en los bancos asciende a 2,07 millones de euros en el caso de los ediles que dan cuenta de su importe, 72 en total, por lo que la media se situaría en 28.422 euros.
Hasta 21 ediles aseguran no contar con vivienda ni bien inmueble alguno en propiedad, como son los casos de los alcaldes de A Coruña, Lugo y Santiago, si bien el compostelano Martiño Noriega declara haber tenido en algún momento una hipoteca a la que ligó un plan de pensiones aún activo.
El 45 % de los cargos municipales electos está sujeto a una hipoteca y entre todos dan cuenta de 303 propiedades entre viviendas, locales comerciales, fincas, trasteros, plazas de garaje y de amarre, bienes en los que en muchos casos cuentan con un porcentaje de participación por formar parte de las propiedades gananciales del matrimonio o de herencias.
El presidente del PP de Vigo y concejal desde hace 29 años, José Manuel Figueroa, es el concejal de los cuatro ayuntamientos con declaración de bienes que más dinero señala tener en entidades bancarias: en total 341.179 euros, cantidad a la que se suman otros 17.000 de un plan de pensiones. El también vigués y exsindicalista de CC. OO. Manel Fernández, edil del PSOE desde hace cinco años, es el segundo edil urbano de Galicia con más fondos declarados (164.154 euros), mientras que el tercero es el popular coruñés Roberto Coira (160. 000).
El mayor plan de pensiones
Su compañero de partido y de corporación y nuevo diputado en las Cortes Miguel Lorenzo, es quien da cuenta del mayor plan de pensiones de los 104 concejales que se han sometido en las ciudades a la ley de transparencia (con 67.000 euros), inversión a la que reconocen haberse sumado 38, como otros 34 señalan la suscripción de fondos de inversión y compra de títulos y acciones, mientras que solo en tres casos se especifica estar recibiendo un renta de alquiler de bienes inmuebles.
El Consejo de Transparencia apunta que no hay un modelo que obligue a todos los ediles a declarar con igual definición
La ley de Transparencia del 2013 no cuenta con un desarrollo reglamentario que concrete cómo deben publicarse las declaraciones de bienes e incompatibilidades de alcaldes y concejales. Es más, la norma se centra en la obligación de dar cuenta de los bienes, pero no obliga de manera imperiosa a publicar la declaración de actividades.
La normativa que ya afecta a los concellos se remite a su vez a la Ley de Bases de Régimen Local para definir cómo y qué información deben dar los cargos municipales, señalando dicho texto que será cada una de las corporaciones quien lo fije en su estatuto municipal a aprobar por el pleno. Es decir, que todo depende de los concejales de cada ayuntamiento.
«No hay nada en la ley que obligue a ser preciso en la declaración de los bienes, por eso hay tanta variedad en el formato que se presenta en los diferentes ayuntamientos», indica Carlos Garrido, consejero técnico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno creado por el actual Ejecutivo central. «Es un popurrí de normas el que incide en la obligación de publicar dichas declaraciones, pero al final en base a la autonomía de la administración municipal es cada ayuntamiento el que define su modelo», añade.
El caso de Ourense
En base a esa autonomía el Ayuntamiento de Ourense decidió en el anterior mandato que el patrimonio de cada edil será publicado en la web del Concello solo durante la segunda quincena de julio de cada año. Jorge Pumar, edil responsable de Servicios Generales, subraya que es accesible en el consistorio para quien solicite oficialmente verlo. «Se trata de una variación en el soporte físico de las declaraciones, nada más», asegura el concejal.