La Xunta estudia licitar las concesiones de autobús antes del 2020, tras anular el Supremo las prórrogas
GALICIA
Aunque el Gobierno autónomo advierte que se trata solo de una alternativa de las que está analizando, esa licitación dispone de un plazo de referencia
09 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Ejecutivo gallego ya trabaja en el escenario de una posible licitación de las concesiones de autobús afectadas por la sentencia con la que el Tribunal Supremo anuló la resolución por la que la Xunta prorrogó esos contratos por 10 años. Aunque el Gobierno autónomo advierte que se trata solo de una alternativa de las que está analizando, esa licitación dispone de un plazo de referencia, ya que, de optar por esta vía, el proceso para adjudicar las 129 concesiones de transporte interurbano de viajeros afectadas (sobre un total de 144 rutas publicadas en su día junto a la resolución del 26 de febrero del 2010 con el plan de modernización del sector) debería quedar resuelto antes del 2020.
Esa nueva licitación invalidaría ampliaciones de contratos que, en 19 casos, blindaron las concesiones hasta más allá del 2025. De momento, la Xunta se limita a confirmar que prepara una ley del transporte para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de autobús a los ciudadanos. «O servizo está garantido, pero en calquera caso queremos as máximas garantías», subrayó ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que precisó que el objetivo de la Xunta es que ese marco normativo esté listo «o antes posible». En ese propósito, el Ejecutivo está apurado por el escaso recorrido que le queda a esta legislatura. Si pretende que la ley quede aprobada este año, deberá tramitarla en este período de sesiones, ya que, en el caso de que las autonómicas sean en octubre, la disolución del Parlamento tendría lugar a finales de agosto.
Recurso ante el Constitucional
Mientras trabaja en la redacción de ese anteproyecto legislativo, la Xunta sigue pendiente de la decisión sobre un posible recurso de la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. Ethel Vázquez aseguró, a preguntas de los periodistas, que los servicios jurídicos de la Administración autonómica continúan estudiando esa opción, y que el Ejecutivo adoptará una decisión al respecto «nos próximos días». En ese sentido, el principal argumento que maneja la Xunta, que sostiene que la nueva ley y la actuación ante al Constitucional serían compatibles, es que el fallo del Supremo contradice una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) que avaló la norma autonómica sobre transporte (5/2010) y desestimó un recurso de la Comisión Nacional de la Competencia.
El Gobierno de Feijoo esgrime, además, que la decisión de acudir al Constitucional también estaría motivada en la defensa de la autonomía legislativa de Galicia.