Los desahucios de inquilinos duplican a los derivados de no abonar la hipoteca

Alcanzar el nivel de desahucios cero «es una quimera». Quien desmonta uno de los caballos de batalla de los gobiernos de las Mareas es un funcionario de un juzgado dedicado a revisar expedientes de este tipo. El argumento que utiliza es que mientras los lanzamiento hipotecarios son cada vez menos «porque desde el 2008 la banca apenas da créditos», no ocurre lo mismo en el caso de los derivados de impago de alquiler. «Justo esta mañana tuve que realizar un par», decía el lunes. Durante el año 2015 -el último dato dado por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia- en la comunidad fueron ejecutados 800 desalojos derivados de impago de hipoteca. Los realizados por no abonar la renta fueron 1.507, cerca del doble. En la actualidad, según varias fuentes consultadas, en A Coruña están realizándose dos al día. En Vigo, dicen desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), son cuatro. 

Un problema coyuntural

El aumento de los casos de desahucio debido al impago del alquiler tiene su origen en un problema coyuntural: «Muchas de las personas que no pueden pagar esas rentas es porque sus salarios son muy bajos. Hablamos de que no pueden pagar rentas de entre 250 y 400 euros al mes», comentan esas mismas fuentes de un juzgado.

Ahí ya no son los bancos o las cajas los que están del otro lado. Son particulares que, en muchos casos, requieren del dinero que obtienen de esas rentas para completar el salario o, en determinadas situaciones, poder acabar el mes. «El problema es que mucha de esa gente que alquila la vivienda es porque se la dejaron sus padres o es un inmueble heredado. El perfil suele ser el de un trabajador no de alguien dedicado al alquiler, al menos en los casos que he visto», apunta esa misma fuente.

De hecho, fue la exministra socialista Carme Chacón quien, para proteger a los propietarios frente a un impago, promovió un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la de Arrendamentos Urbanos que permite llevar al juzgado a un inquilino con solo deber un mes de alquiler. El proceso desde que se hace el requerimiento hasta que queda resuelto suele tardar unos tres meses. Tras realizar el requerimiento hay un plazo de diez días para pagar, desalojar la vivienda, enervar o oponerse. En el caso de que no se oponga ni se enerve el juzgado ejecuta el desalojo.

Que el litigio sea entre particulares, no con un banco, hace que las plataformas contra el desahucio como PAH no entren ahí porque «es una cuestión que ha de resolverse entre particulares», dicen desde la entidad.

Añaden que «en general, los que alquilan suelen comprender lo que está pasando el inquilino que está al borde del desahucio». De ahí que en este caso su reivindicación no vaya dirigida al arrendatario, es para la Administración. Piden la puesta en marcha de un número de viviendas de emergencia para realojar todo ese abanico de casos urgentes. «Los apartamentos de la Xunta están bien pero tiene el problema de que no están amueblados, solemos poner lo fundamental con la solidaridad», dicen. Es el caso de colectivos como Amigos de Galicia que ya han ayudado a poner muebles en casa de varias personas que previamente habían tenido que abandonar su hogar por no poder pagar el importe de la renta o de la hipoteca. 

Un censo

Para poner freno a este problema, la Consellería de Infraestructuras e Vivenda ha puesto en marcha una campaña que incluye, por ejemplo, la creación de un censo de inmuebles que no están habitados en el que las entidades de crédito o aquellas de gestión de activos deberán de inscribir de modo obligatorio la cartera de inmuebles de su propiedad que tengan en Galicia. El plazo para inscribirlas empezó en marzo y acaba en septiembre. De momento en la consellería no dan el dato de cuántas hay porque, dicen, es pronto dado que acaban de poner en marcha la idea. Esas viviendas las destinarán a aquellos que no pueden pagar un alquiler o No tienen recursos. 

Un problema que afecta a las víctimas de violencia machista

Familias monoparentales, personas que se han quedado en paro y han acabado la prestación, gente de mediana edad que no encuentra un empleo, víctimas de violencia machista... Esas son las personas que normalmente no tienen ingresos suficientes para cubrir un alquiler.

Le ocurre a Paqui (nombre supuesto). Era autónoma. Su negocio fracasó. Conoció un hombre que le dijo que le daría una vida mejor, pero lo que acabó dándole fueron golpes. Hace cuatro años dijo «¡basta!» y se embarcó en la aventura de denunciar. Tiene dos hijas a su cargo. «Durante los últimos cuatro años lo pasé mal. No me llegaban los 400 euros de ayuda para pagar la renta de 300, el gas... Tenía hambre», recuerda.

El pasado 1 de mayo, después de pensar que iba a quedarse en la calle, le concedieron un piso de alquiler social de la Xunta en una ciudad del sur de Galicia. «Como era uno de esos pisos de los bancos que dan a la consellería para alquiler social tuve que esperar para que lo arreglaran», cuenta. No tenía muebles, pero fue la solidaridad de Amigos de Galicia la que puso lo fundamental. Una cama, un sofá, una lavadora, la mesa... Ahora cobra una ayuda del risga con complementos. Además varias entidades le ayudan con los alimentos. Puede comenzar una vida nueva: «Llego a casa todavía con miedo, pero es mi casa. Ya no me dan golpes», dice. El camino es duro hasta llegar ahí, pero ha valido la pena.

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