La Xunta tendrá mayor control sobre bienes de la Iglesia en los que invierte
GALICIA
Propone por decreto que se priorice el acceso al patrimonio si recibe dinero público
02 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta de Galicia y la Iglesia católica eran una pareja de hecho pero sin papeles desde que en 1985 acordaron crear una comisión mixta y paritaria integrada por responsables y técnicos de ambas instituciones para velar por la conservación y la seguridad del patrimonio histórico. En los próximos meses, esa relación, basada en la buena voluntad de las partes y en el loable fin de poner en valor los bienes eclesiásticos de interés cultural, tendrá una regulación por escrito que definirá las competencias de la comisión.
La regularización será a través de un decreto que se encuentra en fase de alegaciones y que viene propiciado por la aprobación en mayo del 2016 de la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a cualquier órgano asesor, como es el caso, a tener un reglamento específico de funcionamiento. El texto que ha dado a conocer la Xunta admite que en los últimos años surgieron «dúbidas» sobre el funcionamiento de la comisión y sobre cómo se repartían los casos de estudio entre las subcomisiones, así como problemas de competencias, de ahí que se ocupe en el grueso del documento de definir la organización y composición del ente, cuya presidencia ostentarán el conselleiro de Cultura y el arzobispo de Santiago, como máximo representante eclesiástico en Galicia.
Pero también apunta en sus disposiciones generales algunas de las condiciones que van a reglar la relación entre la Iglesia y la Xunta, como el hecho de priorizar el acceso del público a los bienes inmuebles eclesiásticos de especial valor cultural en los que la Administración gallega haya invertido fondos de sus presupuestos. Además, la comisión tendrá presencia equilibrada de miembros vinculados a la Iglesia y al poder civil y podrá intervenir en los criterios de asignación de los fondos eclesiásticos, preocupándose por facilitar las intervenciones con fines científicos.
Iglesias cerradas
Con esta medida la Xunta pretende dinamizar espacios religiosos de valor cultural en los que se ha realizado un esfuerzo rehabilitador desde las arcas autonómicas pero que no pueden ser disfrutados por los visitantes. Ocurre así en numerosos casos en toda Galicia y es especialmente llamativo el de las iglesias del Camino, de evidente impacto turístico, o varios templos de Santiago que se rehabilitaron con fondos públicos.
A pesar de estas acotaciones que pretende incluir la Xunta en lo que, advierten desde la consellería, es un «borrador», la otra parte augura que habrá poca guerra, si es que llega a existir alguna alegación. «Estamos bastante conformes con el articulado y el espíritu de la norma», señala José Andrés Fernández Farto, que es el secretario de la Provincia Eclesiástica, que comprende las diócesis de Santiago, Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, Lugo y Ourense. Asegura el religioso pontevedrés que en la actualidad existe un «gran entendimiento» entre los miembros de las comisiones y subcomisiones, en las que hay «técnicos que se mueven por las mismas preocupaciones».
La alargada sombra del caso del Códice Calixtino
La comisión mixta que va a ser regulada tendrá la misión de elaborar un programa anual de necesidades que elevará a la Xunta, podrá hacer propuestas sobre inversiones y aprobará criterios y medidas de seguridad de los bienes culturales de la Iglesia, un asunto que remite inequívocamente al robo del Códice Calixtino, que abrió el debate sobre la protección de los bienes eclesiásticos. Sin embargo, aclara Fernández Farto, las competencias de la comisión en lo que respecta a las catedrales gallegas será limitada, ya que estas ya poseen un estatuto especial que, en el caso de Santiago y la joya medieval, quedó en entredicho por su escasa eficacia. Esta suerte de documento de custodia compartida sobre el patrimonio cultural eclesiástico en Galicia tampoco aborda las responsabilidades jurídicas.
La comisión mixta deberá constituirse dos meses después de que el decreto llegue al Consello da Xunta, y tendrá que reunirse un mínimo de dos veces al año, algo que ya venía haciendo a pesar de carecer de normativa.