«La curva era un riesgo en sí misma», se asegura en el auto, que lo cita a declarar el día 23
14 mar 2017 . Actualizado a las 13:45 h.Más de tres años y medio después de que se iniciara la investigación del accidente de Angrois y seis meses después de que la Audiencia Provincial de A Coruña se negara a dar carpetazo a la instrucción, el mismo juez que la había cerrado provisionalmente el año pasado llamará a declarar como investigado a Andrés María Cortabitarte López, el que era director de Seguridad en la Circulación del ADIF en el momento de la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago, por no haber realizado una evaluación de riesgos integral que era preceptiva normativa y técnicamente para reducir a niveles tolerables el riesgo en la curva de Angrois.
En esa curva en la que el ADIF despreció el riesgo evidente del exceso de velocidad perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas. Ahora el juez atribuye a Cortabitarte 80 delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, al mismo nivel de responsabilidad que el maquinista, Francisco José Garzón Amo, imputado desde el minuto uno. Para el juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, hay por tanto dos agentes que intervienen en los delitos provocados el 24 de julio del 2013: el conductor del Alvia, «que no adecúa la velocidad del tren, por distracción, a las exigencias de la señalización» y, por otro lado, el responsable de seguridad del ADIF, que, «teniendo conocimiento de la situación de riesgo existente en la curva, incumple presuntamente su deber de mitigar dicho riesgo». Cortabitarte, que ahora realiza otras funciones para el ADIF -es subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico-, deberá declarar como investigado el próximo día 23 (aunque en otra parte del auto se habla del día 22).
En el auto de 15 páginas que ayer salió del juzgado, no se encuentra ninguna responsabilidad en el equipo de la unión temporal de empresas que evaluó los riesgos en el ámbito de los subsistemas de seguridad y señalización. Es más, se asume que avisaron al ADIF de que existían peligros que su sistema no cubría y que se exportaban al maquinista, como era la posibilidad de un exceso de velocidad en la curva de Angrois, donde un tren como el Alvia debía reducir de 200 a 80 por hora sin que existiese un control automatizado de la velocidad (ERTMS) que sí estaba presente en los 84 kilómetros anteriores del recorrido entre Ourense y Santiago, paradójicamente sin una sola curva. Donde era más necesario este sistema no se desplegó, pues se modificó el proyecto original que llevaba el ERTMS hasta la estación de Santiago para explotar la línea en ancho ibérico y no instalar cambiadores de ancho.
Informes periciales
El juez se basa en los informes de los peritos para atribuir a Cortabitarte una omisión de las más elementales normas de cuidado, aunque el informe que cita más a menudo para sostener su imputación es el del ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas Dávila, el único elegido por sorteo y que no es funcionario de la Xunta. Este experto cree que la evaluación de riesgos era normativa y técnicamente necesaria, y todos los peritos, también los de parte, coinciden en que no se realizó. Es decir, se precisaba una evaluación global del riesgo en la línea y en particular en la curva. Cuando las empresas remiten al ADIF su registro de riesgos -el hazard log- y los elementos que no cubre su sistema, están avisando al administrador ferroviario de que debe mitigar esas amenazas, y no consta que ni siquiera las hayan estudiado en un informe integral de riesgos de la línea. Al otro perito que estudió en profundidad este caso, el ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira, le recrimina que no analizara si técnicamente era necesaria la evaluación global.
Lago Louro considera que existen indicios suficientes de que en el ADIF «no se hizo todo lo posible para mitigar el riesgo que finalmente desembocó en el resultado finalmente producido». «Lo que desde luego no podemos discutir -añade- es que la curva representaba un riesgo en sí misma, que ese riesgo había sido detectado por la propia UTE y por Ineco, que había sido comunicado al ADIF explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte del ADIF, nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas».
De acuerdo con la jurisprudencia de los delitos de imprudencia grave, existía una situación de riesgo «evidente» que fue detectado y comunicado por las empresas y por la organización pública que auditó los sistemas de seguridad (Ineco). El ADIF tenía la obligación técnica y normativa de gestionar este peligro hasta hacerlo tolerable, pero no cumplió con dicho deber, «habiendo tolerado la exportación de dicho riesgo al maquinista sin efectuar una previa valoración integral de la línea que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano, lo que, en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar».
Es la segunda vez que Andrés Cortabitarte es imputado en esta causa. En la primera ocasión fue desimputado por la Audiencia de A Coruña y se negó a declarar, como el resto de los miembros del consejo de administración del ADIF, a la espera de que se atendiera el recurso.
El administrador ferroviario no aclara si el alto cargo declarará, aunque las víctimas creen que debe hacerlo
El ADIF no aclaró ayer si el exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte declarará finalmente o se negará a hacerlo, como en mayo del 2014, a la espera de que se sustanciara el recurso que finalmente le levantó la imputación como al resto de miembros del consejo de administración del ADIF. En un escueto comunicado remitido a este periódico no contesta directamente a la pregunta sobre la declaración, y se limita a exponer que respeta las decisiones judiciales y «mantiene su plena disposición a colaborar con la Justicia, tal y como viene haciendo, en el esclarecimiento de las circunstancias del accidente». Tampoco aclara si recurrirá, aunque parece evidente que va a hacerlo.
La plataforma de víctimas del Alvia no solo cree que declarará, «sino que no hacerlo puede perjudicarle enormemente en el proceso», aseguró ayer a La Voz el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez. «Antes tenían la esperanza de que la Audiencia los desimputara, pero ahora saben que esta línea de investigación fue marcada precisamente por la Audiencia. Este hecho lo cambia todo», explica Domínguez, que como el resto de las víctimas ve «un paso de gigante» en la imputación de Cortabitarte, aunque no renuncian a seguir reclamando una comisión de investigación que determine responsabilidades políticas más allá de la esfera técnica del ADIF.