La cifra de sancionados sigue creciendo. La Unión Europea dio ayer luz verde a la inclusión de 33 nuevos nombres en la «lista negra» de personas o entidades a las que extender la congelación de activos y la prohibición de visado por «apoyar material o financieramente las acciones que socavan o amenazan la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania».
Los 28 líderes de la Unión hicieron esta petición a la Comisión el pasado 16 de julio tras constatar el fracaso de la diplomacia europea al intentar atajar por cauces no sancionadores la violencia en Ucrania. Hoy se darán a conocer los nombres de los 15 individuos y 18 empresas rusas y ucranianas que cuentan con el dudoso honor de engrosar las filas de los hasta ahora 72 sancionados. Entre ellos se encuentran personas del entorno del presidente ruso, Vladimir Putin.
Los Estados miembro también han decidido ampliar los criterios para la imposición de penas. A partir de ahora no se limitarán a los que hayan participado «activamente» en la anexión de Crimea y en la desestabilización de Ucrania sino que también se incluirá «a los que se están beneficiando» de la actuación de las autoridades y responsables rusos en el conflicto.
El derribo del avión MH17 en territorio ucraniano controlado por rebeldes prorrusos ha reavivado el debate sobre la imposición de un castigo ejemplar a Moscú, a la que se considera parte responsable de la muerte de los 298 pasajeros que viajaban a bordo de la aeronave. Hasta ahora las llamadas a la calma y la cooperación no han surtido efecto. Para ponerle remedio, ayer avanzó en el debate en torno a las primeras medidas correctivas que se aprobarán contra Rusia. Los embajadores de los 28 no quisieron hacer público el plazo presentado a Vladimir Putin para que de marcha atrás pero ayer acordaron seguir adelante con la propuesta de sanciones contra la Federación Rusa que incluye el embargo de armas, restricciones de acceso al mercado de capitales, al sector de la energía, a la tecnología sensible y a materiales de uso civil y militar. De aplicarse, la decisión que deberán aprobar los líderes europeos, sería el primer paso que da la UE para adentrarse en la denominada «fase tres» de las sanciones reservada para la situación más crítica: la guerra comercial.