El representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, ha denunciado ante el Congreso mexicano que el Gobierno no aplicó los protocolos ni siguió los pasos adecuados en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. En una reunión con la comisión especial que investiga el suceso, explicó que para determinar la desaparición forzada se deben cumplir tres elementos: la privación de libertad, que lo haga una autoridad (en este caso, la Policía Municipal de Iguala) y que no se dé a conocer el paradero de las víctimas. Todo esto se sabía en las primeras 72 horas, lo que debería haber activado los protocolos de búsqueda.
Peña añadió que esos protocolos internacionales tampoco se siguieron durante la exhumación de los cuerpos encontrados en diferentes fosas comunes, por lo que los análisis de ADN y otras investigaciones no serán fiables. Peña denunció ante los diputados mexicanos que en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se ha incurrido en «una grave violación de los derechos humanos». Por ello, recomienda a la comisión que investigue por qué el Ejército y la Policía Estatal no defendieron a los jóvenes.
El Senado votaba ayer la revocación de poderes en el estado de Guerrero, lo que acarrearía el cese del gobernador, Ángel Aguirre, como piden los familiares de los estudiantes. Pero la propuesta tiene pocos visos de prosperar, pues la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta no cree que hayan dejado de funcionar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La Policía Federal detuvo al alcalde de Ixtapan de la Sal (estado de México), uno de los 13 municipios tomados por las fuerzas del Gobierno central.