El funcionario había denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el que murieron 85 personas
19 ene 2015 . Actualizado a las 16:30 h.El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, es el más sangriento que sufrió la comunidad judía en el país, con 85 muertos y cientos de heridos. Hasta hoy nunca fue aclarado.
El siguiente capítulo del caso es más llamativo aún. Y es que este fin de semana apareció muerto el fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado. El funcionario había denunciado por encubrimiento el pasado miércoles a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y al canciller, Héctor Timerman, además de a otros políticos. Según aseguró, todos buscaron ocultar la participación de Irán en la masacre.
Nisman fue hallado el domingo sin vida en su vivienda particular en el centro de Buenos Aires. A su lado había un arma calibre 22 pero los investigadores aseguran que aún no se puede establecer cómo se produjo la muerte.
En las dos décadas que pasaron desde el atentado causado por un automóvil cargado de explosivos, nunca se logró esclarecer el hecho, al igual que ocurrió con el otro gran antentado contra la comunidad judía en Argentina: la bomba que el 17 de marzo de 1992 destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y dejó 29 muertos y cientos de heridos.
En 1996 se creó una comisión bicameral antiterrorista en el Parlamento con el objetivo principal de impulsar las investigaciones por los atentados contra la embajada y la AMIA. El 23 de diciembre de 1999, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la responsabilidad en ambos atentados del grupo Yihad Islámica, identificado como brazo armado del grupo armado libanés Hizbolá.
La pista más firme en la investigación sobre los autores del ataque a la AMIA apuntaba hacia altos funcionarios del gobierno de Irán, país que apoya financiera y militarmente a Hizbolá.
La Justicia argentina acusó de ser los ideólogos del atentado a siete ex funcionarios iraníes, entre ellos al ex presidente Ali Rafsanyani y al ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, además de a un libanés sospechoso de pertenecer a Hizbolá. Además, pidió a Interpol su captura internacional, aunque hasta ahora sin éxito.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó en el 2013 un acuerdo con el gobierno de Irán con el objetivo de esclarecer el atentado, que fue aprobado por el Parlamento argentino pero no así en Irán. El fiscal Nisman denunció el miércoles pasado a la presidenta por «fabricar la inocencia» de los acusados y dijo que la finalidad real del acuerdo con Teherán había sido desvincular los iraníes de la responsabilidad por el atentado para acercarse geopolíticamente al país persa a cambio de contraprestaciones como el intercambio de petróleo por granos y la venta de armas al régimen iraní.