Impone sanciones a siete altos cargos por violación de derechos humanos
10 mar 2015 . Actualizado a las 19:10 h.Siete altos cargos venezolanos (cinco militares, el jefe de la policía y una fiscal) fueron sancionados por EE.UU. por cometer violaciones de derechos humanos el año pasado, después de que la Administración de Barack Obama declarara que la situación en Venezuela constituye «una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior» de su país.
La orden ejecutiva de Obama castiga a Antonio Benavides, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe de la Región de Defensa Integral (REDI) de la zona capital; el general de la 31 Brigada Armada del Ejército, Manuel Bernal; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, antiguo comandante de la GNB, general Justo Noguera; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González; el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Miguel Vivas; el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Manuel Pérez; y la fiscal nacional Katherine Harington, acusadora «estrella» de los opositores al Gobierno.
Todos ellos están relacionados con la represión, el año pasado, de las manifestaciones en las que fallecieron 43 personas y EE.UU. los acusa de «persecución de opositores, abusos y violaciones de derechos humanos y corrupción pública». A los siete «se les congelarán sus propiedades e intereses en EE.UU. y los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos». También les veta el acceso al país norteamericano. EE.UU. afirma que las sanciones «no afectan al pueblo de Venezuela» y agrega que el Departamento de Estado instruirá al del Tesoro para que investigue y sancione a otras personas involucradas,
Captahuellas antiescasez
Caracas respondió a esta ampliación de las sanciones llamando a consultas al encargado de Negocios del país en Washington, Maximilian Arveláiz.
El ministro de Alimentación venezolano, Yván Bello, anunció que desde ayer comenzaría a instalar 20.000 máquinas captahuellas en los comercios más importantes de las redes públicas y privadas de abastecimiento, con el objetivo de «garantizar el suministro» de productos y luchar contra la grave crisis de abastecimiento de medicinas y alimentos.