Macri desmantela la Argentina de Cristina Kirchner a golpe de decreto
INTERNACIONAL
Recurre a la Justicia para expulsar al responsable de los medios audiovisuales
26 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Decidido a tomar las medidas más polémicas en su período de gracia, Mauricio Macri consiguió en Nochebuena que las fuerzas de seguridad desalojasen el organismo que regula la ley de servicios de comunicación audiovisual. La medida, dispuesta por orden judicial, fue ejecutada por la policía, que, en vísperas de Navidad, clausuró cada uno de los pisos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y obligó a salir de su oficina al titular, Martin Sabbatella, que se negaba a ser apartado por decreto.
El AFSCA es un organismo autárquico creado por la ley de medios y Sabbatella tenía mandato hasta 2016. Designado por Cristina Fernández, era el encargado de presidir un directorio de representantes del poder ejecutivo y el legislativo, así como de las provincias, que otorga licencias a medios comunitarios sin fines de lucro. La principal batalla de Sabbatella se centró en combatir al grupo Clarín, que mantiene un litigio judicial aún sin resolver.
Macri había anticipado que quería la renuncia de Sabbatella, pero este se negaba a dimitir argumentando que el titular del AFSCA designado por una administaración debe convivir dos años con la siguiente. Ante la negativa, el Gobierno decretó la intervención del organismo y designó a un nuevo titular durante 180 días. Hizo lo propio con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sabbatella entonces presentó una medida cautelar que la justicia aún no ha resuelto.
En cambio, otra denuncia, presentada el mismo miércoles por el interventor del AFSCA, Agustín Garzón, tuvo una inmediata respuesta judicial. Garzón denunció a Sabbatella por presunto «abuso de poder», debido a su negativa a dejar el cargo. La Fiscalía federal pidió entonces un operativo policial, que se ejecutó el 24 de diciembre durante la tarde y culminó casi a medianoche.
La destitución es solo una de las medidas controvertidas de Macri, que asumió el poder el 10 de diciembre y no cuenta con mayorías parlamentarias. El primer indicio de que jugaría fuerte se vio cuando pidió a la justicia que determinase cuándo finalizaba el mandato de Cristina. La justicia decidió que finalizaba la noche anterior al traspaso, que se realizó sin la mandataria saliente y con un presidente provisional. Después de eso, Macri eliminó impuestos a las exportaciones y liberalizó el tipo de cambio. Esa misma semana anunció la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia sin aval del Senado.
Los nombramientos desataron una fuerte polémica y auguran un 2016 de controversias con el Congreso, donde el opositor Frente para la Victoria es mayoría en el Senado y primera minoría en Diputados. «Vamos a sacar muchas medidas por decreto», admitió el ministro de Justicia, Germán Garavano amparándose en una presunta urgencia. Por ejemplo, se resolvió por decreto eliminar el requisito de ser abogado para presidir la Oficina Anticorrupción. De esa manera, Macri pudo designar allí a la diputada Laura Alonso, de su partido. La nueva gestión también tuvo una actuación que causó un fuerte impacto al ordenar la represión policial de una protesta de trabajadores por salarios adeudados. El Gobierno anunció que, desde ahora, habrá un «protocolo» para ordenar la protesta callejera e impedir la circulación, que todavía no se sabe si será propuesto al Parlamento.
«Fue tremendo. Están totalmente locos. No tienen límites»
Sabbatella denunció que el organismo que presidía «se clausuró» sin que quede ningún responsable para hacer cumplir la ley de medios. «Sospechábamos de su voracidad y de su poco apego a la institucionalidad, pero esto fue tremendo», censuró al nuevo Gobierno. «Están totalmente locos. No tienen límites», se desahogó. «Fue como ponerle una faja de clausura a la democracia». El ahora ex alto cargo advirtió que la ley quedó, de hecho, suspendida por el desalojo, y que continúa la discusión judicial sobre si es legal o no el decreto con el cual fue separado del cargo.