La jueza sitúa como cabecillas a un ex Subdelegado y al jefe de Tráfico. En la lista figuran cuatro alcaldes, la vicepresidenta de la Diputación y numerosos cargos
30 oct 2012 . Actualizado a las 14:02 h.Tras multitud de trámites, la operación judicial llevada a cabo en los últimos cuatro años para desenmascarar una trama dedicada a sobreseer, mediante distintos medios y modalidades, multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, pasa a la Fiscalía para su calificación. La jueza Estela San José acabó imputando a 78 personas y librando a otras 22, a las que en su momento llamó a declarar.
La telaraña tejida para evitar pagar, librarse de la retirada de puntos o incluso del permiso de conducir, tiene a dos presuntos artífices: el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y el exjefe provincial de Tráfico, Julio González. A ambos, la investigación les costó el puesto.
Entre los imputados se encuentran la actual vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez; los alcaldes de Muras, Issam Alnagm (PP); Pedrafita, José Luis Raposo; Becerreá, Manuel Martínez, y Pol, Lino Rodríguez, y también los exalcaldes de Sarria, Meira y O Courel. (todos del PSOE). En la lista están funcionarios, policías, guardias, chóferes oficiales...
La jueza, en el auto que empezó a ser repartido ayer, dice que el sobreseimiento de los expedientes o la minoración de la sanción correspondiente fue supuestamente llevada a cabo por el que era entonces subdelegado del Gobierno. Jesús Otero recibía la petición directamente del interesado, o a través de un tercero que tenía relación con él. El paso siguiente era que «realizaba en la denuncia formulada, en una copia de la misma, o incluso en un simple trozo de papel», una serie de anotaciones que suponían para el jefe de Tráfico, Julio González, una instrucción de que debería ser sobreseída o reducido el efecto de la sanción. Una vez recibidas esas notas, el ahora ex jefe de Tráfico efectuaba otras en el expediente: POS (Por orden subdelegado) y TS (terminado por sobreseimiento). Finalmente las entregaba a un funcionario para que mecanizara la orden.
«La razón última del archivo -dice la jueza San José- no era otra que el entramado de relaciones personales o profesionales». En el auto refiere las declaraciones del ex subdelegado y recuerda que parecía «habitual y asumido con normalidad por éste que se empleara a terceros para obtener el ilícito resultado». Recuerda que Otero declaró «que la gente iba allí (se refería a la Subdelegación) casi siempre en nombre de alguien».
La jueza no acepta la línea de defensa establecida por Otero en el sentido de argumentar que no era superior jerárquico de Julio González. Recuerda que éste explicó que su cargo era de libre designación y que, en la práctica, se exigía el plácet del subdelegado. Dice que «preguntar» por el expediente de un ciudadano o hacer anotaciones en el mismo, «evidencia una relación personal continuada». Recalca que Otero influía en González, pero no acepta el alegato de éste de «obediencia debida».