Operación Pokémon: La Fiscalía señala a Liñares en la concesión irregular de la grúa municipal y exculpa a miembros del Concello
LUGO
El escrito afirma que el exconcejal le dio a Cechalva información privilegiada para conseguir la adjudicación, y que sus actuaciones le supusieron al Concello un sobrecoste de 370.000 euros
15 jul 2021 . Actualizado a las 12:49 h.La Fiscalía de Lugo afirma en un reciente escrito que propone al Juzgado de Instrucción número 1 el procesamiento del exconcejal del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Liñares. El motivo es la concesión irregular del servicio de grúa municipal en su etapa como edil, sobre la que el escrito afirma que la concesionaria le propuso a Liñares y a un socio suyo obtener 2.000 euros al mes y formar parte de la empresa de forma velada si les ayudaban a conseguir la adjudicación. También se presenta la posibilidad de imputar a otros diez implicados, entre los que se encontrarían Javier Reguera, exempleado de la concesionaria, Manuel Santiso, constructor y hombre de confianza de Liñares ya condenado en un juicio el pasado febrero o José Luis Álvarez, socio de Cechalva, la empresa concesionaria y quien destapó el caso.
El Ministerio Fiscal, sin embargo, pide el sobreseimiento provisional de la causa para casi una veintena de implicados, entre ellos más de una decena de funcionarios del Concello por aquel entonces, y ratifica la decisión del fiscal jefe, Roberto Brezmes, de dejar fuera de la investigación al exalcalde López Orozco hace casi tres años, tras un recurso de apelación de su abogado, Gregorio Arroyo.
El fiscal propone para los potenciales acusados una ristra de delitos a la espera de una «calificación jurídica más adecuada», entre los que destacan el cohecho, la prevaricación o la falsedad de documento público.
Esta línea de investigación representa una de las piezas más polémicas de la denominada como «Operación Pokémon», iniciada por la jueza Pilar de Lara hace más de una década. El hecho delictivo que vio la magistrada y que ahora apoya el Ministerio Fiscal nace de la concesión del servicio de la grúa municipal a la empresa Cechalva. Esta, a cambio de una intermediación política para obtener la adjudicación, recompensaría a sus socios con una paga de 2.000 euros mensuales. Los beneficiarios serían Liñares y Reguera, y sería Santiso quien, junto a ellos, entrarían a formar parte de la empresa mediante el uso de testaferros, para obtener beneficios derivados de los éxitos empresariales de la compañía. La adjudicación se produjo en el año 2005, pero no fue casi hasta un lustro después cuando se comenzó a investigar sobre su concesión. En total, defiende el escrito, estas cantidades ficticias, obtenidas usando datos contables falsos, le supusieron al Concello un sobrecoste de casi 370.000 euros entre los años 2006 y 2012.
