La exconcejala de Láncara acusada de estafar 46.000 euros a un constructor sigue pendiente de juicio
LUGO
Begoña López dimitió de sus cargos tras conocerse que, supuestamente, había usado un móvil municipal para engañar a un proveedor con facturas falsas
15 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Han pasado ya dos años desde que la polémica se adueñó del pleno municipal de Láncara. El 13 de enero del 2022, Begoña López renunció a la tenencia de alcaldía, según dijo, por «motivos personales». La realidad, que no se conocía en aquel momento, era que tanto ella como su padre habían sido denunciados por estafar a un constructor.
Los hechos habrían ocurrido poco antes, a finales del año 2021. Unas obras en la vivienda de la familia de la concejala socialista fueron el origen de un presunto delito que conformó una causa que sigue pendiente de juicio.
El proceso fue instruido por el Juzgado de Sarria, que ordenó las diligencias de investigación pertinentes. Tras un largo proceso, se recabaron suficientes pruebas para, según la magistrada, acusar de estafa y de falsedad documental a la exconcejala y a su padre, que habría colaborado con ella en los hechos. Ahora, los juzgados de lo penal de Lugo están pendientes de recibir la documentación para establecer una fecha de juicio.
Un método planificado
La acusación de la Fiscalía está clara: Begoña López y su padre trataron de estafar a un constructor que había hecho unas obras en su casa utilizando facturas y transferencias falsas.
Según el Ministerio Público, ambos se pusieron de acuerdo para, usando la factura de compra de un tractor que habían manipulado, «inducir a error» al constructor para hacerle creer que ya le habían pagado el dinero que le debían por la obra.
Según el fiscal, la exconcejala y su padre «manipularon el importe (haciendo constar 39.272 euros), la fecha (haciendo constar 9 de diciembre del 2021) y el beneficiario (haciendo constar a [el constructor]), quien había iniciado unas obras en la vivienda por las que no había recibido a dicha fecha ninguna cantidad. Dicho documento fue enviado por la acusada al denunciante, con la finalidad de inducirle a error sobre el pago y que este prosiguiera desempeñando sus servicios profesionales, sin intención de abonar realmente los mismos. [El constructor] efectuó trabajos en beneficio de ambos acusados por importe de 46.338,60 euros».
Esta cifra es la que reclama el afectado. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para ambos acusados. Además, solicita el pago de una multa de 240 euros y la devolución del importe supuestamente estafado.
Un caso rocambolesco
Sin embargo, el caso fue mucho más enrevesado de lo que relata el escrito de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público no entra a valorar el modus operandi de la concejala, pero en su día ya trascendió que Begoña López habría utilizado un teléfono móvil municipal para suplantar a una trabajadora de una entidad bancaria para engañar al constructor. Y es que el denunciante recibió un wasap de un número cuya imagen de perfil era el logotipo de un banco.
En él, una supuesta trabajadora le explicaba que la transferencia de Begoña López se había realizado, pero que se había registrado un error en el banco: «Cando o recibín, fun ata a sucursal, onde a directora me explicou que non tiña constancia dese número nin do que decía». Ese día, recibió una llamada del mismo número en la que la empleada le insistía en que «o cliente [por Begoña] era un bo usuario con cartos para pagar, e que houbera un erro informático que se solucionaría nos vindeiros días».
Este asunto, antes incluso de saberse que existía una denuncia, llegó al pleno de Láncara. Y es que los mensajes y la llamada que recibió el constructor se realizaron desde un teléfono móvil que el Concello había contratado en el 2016. Esta línea fue promovida para que los vecinos pudieran trasladar sus quejas y sugerencias. La responsable, como ella misma confirmó en el pleno, era Begoña López: «O móbil custodiábao eu. Tiña dúas tarxetas SIM, unha persoal e outra co número de atención aos veciños, que se extraviou».
La edila relató que la tarjeta SIM de ese móvil «se extravió», aunque no concretó el día. En la foto de perfil de WhatsApp de ese número, apareció el logotipo de la entidad bancaria a la que presuntamente se le usurpó la identidad. Begoña López le contó al alcalde que la tarjeta había desaparecido y, pese a que era su responsabilidad, el regidor Darío Piñeiro fue quien acudió a la Guardia Civil el 11 de enero del 2022 para interponer una denuncia por su extravío. Dos días después, el 13, Begoña López renunció a la tenencia de alcaldía por motivos personales y pasó a ocupar un par de funciones como concejala. Poco después, dejó también este cargo. El alcalde, Darío Piñeiro, le pidió que renunciase.