Madrid sostiene que el veto al arrastre apenas tendrá incidencia en la flota

Cierto. España no votó en contra, ni siquiera se abstuvo, cuanto tocó pronunciarse en la Unión Europea para decidir la posición del Consejo con respecto a la propuesta de la Comisión de prohibir el arrastre y el enmalle de fondo en profundidades superiores a 800 metros. Una postura que ha levantado ampollas entre el sector pesquero, que hasta entonces estaba convencido de que tenía a la Administración española de su lado en su rechazo rotundo a limitar el empleo de esos aparejos en aguas comunitarias.

«Lo que hemos hecho es analizar, revisar, un documento que lleva muchos años sobre la mesa del Consejo y de la Comisión», explicó hace un par de semanas el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, al ser interpelado por el apoyo que dio España a esa prohibición. «Nosotros ahora mismo ya tenemos una prohibición de utilizar las artes menores a mayor profundidad de 600 metros, y lo que queríamos es que, de alguna forma, este veto a su empleo a más de 800 metros no se extendiese a aguas en las que la flota está utilizando el arrastre», abundó Hermida.

Aguas internacionales

¿Y cuáles son esos caladeros? Pues las aguas internacionales. Áreas como el Hatton Bank, el Flemish Cap... Según dijo Hermida, en esas aguas internacionales la flota española sí emplea el arrastre de fondo a más de 800 metros, y lo hace para capturar especies que de otro modo no tendría manera de llegar a ellas. Ahora bien, las embarcaciones que operan en aguas comunitarias, como los arrastreros gallegos que trabajan en Gran Sol, no superan esas profundidades cuando trabajan. Así que, «vemos que el impacto que tiene sobre la flota española la prohibición del arrastre a 800 metros es realmente ínfimo».

De las declaraciones de Hermida se desprende que ese visto bueno de España al veto del arrastre en aguas comunitarias fue casi una maniobra de distracción: «Ante la disyuntiva de que la prohibición fuese para todos los mares, o fuese exclusivamente para aguas comunitarias en las que no estamos trabajando a esas profundidades, pues, insisto, la incidencia es prácticamente nula, creemos que es una posición que no es mala para la flota española».

Decisiones, por unanimidad

Como disculpa también recurrió a que todas las decisiones que se toman en la UE se adoptan por consenso de los Estados miembros. Y en aras de esa unanimidad, el Gobierno de España mudó su parecer. «A pesar de que nosotros defendimos desde el principio, y así lo trasladó la ministra, Isabel García Tejerina, en una carta al comisario, que se prohibiese solo la actividad con arrastre de fondo allí donde no hubiese huella pesquera; es decir, que se permitiese en la zona donde ya se estaba pescando. Y eso sí se va a permitir», explicó el secretario general de Pesca, que puso énfasis en que «en todas las aguas internacionales donde estaba pescando nuestra flota, va a poder seguir haciéndolo», añadió.

Galicia se queda sola

Así es que la Administración gallega se ha quedado sola en su lucha contra Europa para impedir el veto al arrastre. Hace escasos días, el miércoles pasado, la conselleira contradijo a Hermida al afirmar en el Parlamento que esa prohibición atenta contra 300 barcos gallegos y pone en juego más de 160 millones de euros, con lo que dará la batalla para que no se condene ese arte con una prohibición de la que puede que no se libre ni la bajura.

El sector quiere convencer a la UE para que no se impongan límites de profundidad

Si ya no las tenían todas consigo, el quiebro del Gobierno español -que los ha dejado solos en la defensa de que mejor que prohibir es regular y proteger los hábitats vulnerables- refuerza el convencimiento de los armadores de que el próximo reglamento de especies profundas recogerá el veto para el arrastre de fondo a más de 800 metros. Y puede que sea cierto que en aguas comunitarias los barcos no operan a tal fondo, pero el problema en la Unión Europea es que cuando se introduce una cifra, un límite ya no es que sea difícil retirarlo, sino que lo más probable es que «después sean 600 o 400 metros», argumentaba Iván López, presidente de la asociación de bacaladeros Agarba, y no es descabellado pensar en su prohibición total. López fue elegido la semana pasada coordinador del grupo de trabajo constituido en el seno del Consello Galego de Pesca para analizar el reglamento de aguas profundas.

Lo cierto es que al sector se le ha puesto cuesta arriba la empresa de convencer a la UE que se conforme con acotar el arrastre a aquellas áreas en las que estaba operando, sin imponer límites de profundidad. Y ya no solo porque España haya apoyado el veto, sino porque la presión conservacionista está siendo muy fuerte, en los prolegómenos del taller que se celebrará en el marco de la ONU sobre la protección de los ecosistemas vulnerables. Sirva como ejemplo el caso de Francia, donde los diputados de Medio Ambiente apoyaron la erradicación del arrastre de su flota, una medida que no se aprobó en el Parlamento. Ahora bien, la principal armadora gala ha decidido por su cuenta y riesgo prescindir de este arte en aguas profundas.

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