En solo tres años y medio, el Gobierno ha dispuesto ya más de 43.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a los pagos. Con solo 1,86 cotizantes por cada prestación, la merma de los ingresos por la devaluación salarial no permite hacer frente a unos gastos al alza, por la mayor cuantía de las pensiones y el aumento de la esperanza de vida.
10 ago 2015 . Actualizado a las 16:07 h.Un año más, el Gobierno ha vuelto a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la paga extraordinaria del mes de julio de nuestros pensionistas. Concretamente, se han dispuesto 3.750 millones de euros, que han dejado la hucha de las pensiones con unos fondos totales de 39.520,46 millones de euros, lo que equivale a un 3,7 % del PIB español. Con este último «rescate» ya se han utilizado más de 43.000 millones de euros en un período de tres años para poder hacer frente al compromiso de las pensiones contributivas.
Cierto es, que la ratio de cotizantes por pensionistas, el índice que mide la sostenibilidad del sistema público de pensiones, alcanza hoy el 2,29 (por cada perceptor de prestación hay 2,29 personas realizando aportaciones a través de las cotizaciones sociales), lo que rompe la tendencia bajista iniciada en el año 2007.
Es importante puntualizar que el Ministerio de Empleo, a la hora de calcular este dato, lo hace incluyendo entre los contribuyentes al sistema a los parados que tienen una prestación contributiva, ya que el Estado cotiza por ellos a la Seguridad Social mientras están cobrando dicha prestación, lo que supone que los recursos que entran en las arcas públicas salen de las mismas. Si calculásemos el indicador teniendo en cuenta solo a los cotizantes ocupados y el número de pensiones, en lugar del de pensionistas, la ratio caería en la actualidad al 1,86, perforando a la baja el «fatídico umbral» de dos cotizantes por cada pensionista, por lo que nos encontramos en una clara situación de insostenibilidad financiera del sistema.
La patología
La mayoría de los integrantes de los poderes públicos siguen insistiendo en que la causa de dicha situación, a la que denominaremos gripe A, viene provocada por la situación macroeconómica que arrastramos en estos últimos años. Evidentemente, con la patología patente, dicha situación origina un incremento febril importante, el cual provoca un estado inestable y hasta fulminante.
Intentaré plasmar en breves líneas el funcionamiento de nuestro actual sistema de reparto de caja. Los ingresos se inyectan a través de tres arterias. La primera, el número de cotizantes, que aunque está proyectando ligeras mejoras sigue lejos de las cifras que permitirían hacer frente al número de pensionistas, más aún teniendo en cuenta la brutal devaluación salarial que se ha producido en España, lastrando los ingresos de los nuevos cotizantes que empiezan a realizar sus aportaciones al sistema gracias a la mejora del mercado laboral. La segunda, los años de cotización, que la última reforma de las pensiones incrementa de forma progresiva hasta llegar a los 67. Y la tercera, el importe de las cotizaciones, las cuales difícilmente se podrán incrementar, ya que son de las más altas de la OCDE, con un tipo del 35 %, y ya suponen un lastre para la creación de empleo.
Los gastos, por su parte, siguen intensificándose inexorablemente, tanto por el repunte del número de pensionistas año tras año como por el crecimiento del número de años en los que se reciben prestaciones debido a la evolución al alza de la esperanza de vida. También aumenta la cuantía media de las pensiones: la de jubilación era el pasado junio un 2,1 % más alta que en el mismo mes del año anterior, y ya sobrepasaba, en promedio, los mil euros.
El «virus» que aviva esa gripe A son los cambios en las pirámides poblacionales, que obligan a afrontar un importante reto demográfico: aumenta la esperanza de vida, mientras disminuye la natalidad. A esto hay que sumar que hay, aproximadamente, 2,5 millones de personas de entre 59 y 63 años y que, en breve, empezarán las jubilaciones de la generación del baby boom.
Las pensiones actuales se pagan gracias a la recaudación de los nuevos cotizantes, no por las aportaciones realizadas por cada pensionista a lo largo de su vida laboral, lo que provoca que, en la actualidad, los ingresos por cotizaciones sean insuficientes para el pago de las pensiones. Por lo tanto, podríamos decir que nos encontramos en una en una clara situación de insostenibilidad financiera, por no mencionar el concepto de «quiebra técnica».
Entonces, ¿quién pagará las pensiones de la generación del baby boom?
Sería conveniente que en este año electoral, al cual denomino año de silencio, todos los partidos políticos incorporasen en su programa las soluciones que proponen para garantizar la viabilidad del actual sistema público de pensiones.
Probablemente sea políticamente incorrecto anunciar la necesidad de incrementar la edad de jubilación, de congelar las prestaciones actuales y de reducir las futuras. O, simplemente, anunciar que con las reglas de juego actuales el sistema no es sostenible.
Espero, que tanto ustedes como yo podamos leerlo y analizarlo en sus programas.
Julio Fernández Garcia es profesor de EF Business School