L a eliminación de la paga extraordinaria a los empleados públicos es una barbaridad que pone en evidencia el simplismo de Rajoy en la gestión económica. El Gobierno cuantifica el ahorro para las cuentas públicas en 4.000 millones de euros y lo vende como una medida necesaria para medir el déficit. Pero esto no es cierto. Además de ser una medida injusta, también es falso que sirva para mejorar el saldo fiscal, al menos en esa cifra.
El Gobierno vuelve a caer en el simplismo en las decisiones económicas: dice cuánto va a reducirse el gasto público pero no tiene en cuenta las repercusiones que tiene en la actividad económica y en los propios ingresos públicos. En este caso, la caída de la recaudación tiene un efecto directo e indirecto de fácil cuantificación.
Los 4.000 millones de reducción salarial son brutos, esto es antes de descontar tanto el IRPF como las cotizaciones sociales de los funcionarios. Con un tipo impositivo medio del IRPF del 30 % y un tipo de cotización del 6 %, el Estado recaudaría en torno a los 1. 440 millones entre impuestos y cotizaciones. Pero hay más. La paga de Navidad se dedica casi de forma íntegra al consumo, de tal manera que el Estado deja de ingresar otros 480 millones por el IVA. Esto es, el Estado dejará de ingresar 1. 920 millones de euros. Por lo tanto el ahorro neto real será de tan solo 2.080 millones de euros, la mitad de lo que dice el Gobierno. Pero además de este efecto directo, también hay un efecto indirecto: las repercusiones que la caída de la demanda tiene en la actividad y en el empleo del conjunto de la economía.
La campaña de Navidad y las rebajas en enero son una de las épocas de más gasto familiar y también el período de ingresos más importante en sectores del comercio, la hostelería, además de la actividad industrial y de los servicios.
En muchos negocios el resultado de todo el ejercicio está condicionado a este período excepcional, que concentra una parte considerable de las ventas. Eliminar la paga extra de los funcionarios, con el riesgo de que cunda el ejemplo en el sector privado, va a provocar una gravísima caída en las cifras de negocio de estas actividades y del empleo, que pueden causar el cierre de muchos establecimientos con costes elevados para la sociedad pero también para el presupuesto público.
Esto no es una elucubración teórica. Sucedió en Portugal el año pasado, tal y como contó el profesor Carballo en un curso de la UIMP organizado hace unas semanas por el departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo.