En España hay 8.160 municipios, 38 diputaciones de régimen común y 68.230 personas electas (alcaldes y concejales). En Galicia existen 315 municipios, cuatro diputaciones y 3.816 electos. Pero ¿cuánto cuesta esta representación democrática de las corporaciones locales? ¿Debería reducirse el número de concejales o de municipios para mejorar las cifras del déficit público? Las preguntas son oportunas porque numerosas afirmaciones sobre el «derroche» de las entidades locales, asociado al número de municipios y de electos, son recurrentes, apasionadas e inciertas. Conviene, pues, verificar con rigor la realidad de las instituciones locales. Los datos utilizados proceden de Auditoría pública, revista de los órganos autonómicos del control externo (n.º 58, 2012; págs. 43-50), así como de la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los argumentos se articulan en varios apartados: a) como ya es sabido, el número de electos que tienen los municipios aumenta con su población. En Galicia ese número oscila entre Negueira de Muñiz (224 habitantes), con 5 electos y Vigo (297.241 habitantes), con 27; b) el gasto del concepto presupuestario «órganos de gobierno» que afecta a municipios y a los capítulos 1 (personal) y 2 (compra de bienes y servicios), fue en España (ejercicio 2010) de 1.074,2 millones de euros, cifra equivalente al 0,1% del PIB, a 22,8 euros por habitante y año y a 16.243 euros por electo y año. Un gasto que también incluye salarios y bienes utilizados por personal no electo (asesores, administrativos, técnicos?); c) la gran mayoría de concejales en municipios con población menor a 20.000 habitantes no reciben retribución alguna, si exceptuamos las dietas por asistencia a plenos, desplazamientos, etcétera; d) existen diferencias notables entre las retribuciones que reciben los concejales, que se justifican por razones diversas: estar en el gobierno o en la oposición, vivir en municipios prósperos o deprimidos, etcétera.
O sea, el coste del gobierno municipal no tiene dimensión cuantitativa suficiente para explicar el déficit púbico, ni la reducción parcial de su cuantía tendría consecuencia alguna en las políticas estabilizadoras. Por otro lado, adelgazar el déficit reduciendo concejales bajo el criterio electoral de la ley D?Hondt genera efectos perversos, ya que la reducción de concejales recaería sobre partidos minoritarios dañando así al pluralismo político y a la calidad democrática. Finalmente, alterar el mapa municipal para introducir racionalidad y eficiencia es tarea urgente en Galicia. Pero el municipio solo subsiste con solvencia demográfica y base económica suficiente. Agrupar municipios para reducir concejales ignorando esos requisitos es fracaso garantizado.