Como una marea incontenible, la basura se va adueñando del país, que contempla atónito cómo lo que un lunes parece en materia de corrupción (presunta o probada) el no va más, se supera el martes muy de largo, y crece al día siguiente, de modo que ya nadie sabe dónde puede acabar esta inflación de porquerías.
Las hechas públicas ayer por un diario de Madrid, a partir de informaciones suministradas por un sujeto tan poco recomendable como Bárcenas -¡¿cómo alguien en el PP pudo un día nombrarlo tesorero del partido?-, tienen tanta gravedad que, de ser ciertas, dejarían en una situación imposible a la cúpula del partido que gobierna este país.
Y es que lo que Bárcenas dice haber anotado en una supuesta contabilidad B del Partido Popular son, además de otras partidas, pagos reiterados en dinero negro -es decir, sin control fiscal- a varios de sus principales dirigentes, entre ellos el actual presidente del Gobierno. Que Rajoy, Rato o De Cospedal cobrasen una paga por sus cargos en el partido puede merecer moralmente un juicio u otro. Pero que lo percibido no fuera declarado fiscalmente por sus beneficiarios los convertiría en defraudadores reiterados a la Hacienda pública, algo que en un Estado democrático de derecho resulta incompatible con el ejercicio de todo cargo público.
En una rueda de prensa multitudinaria, De Cospedal negó ayer tajantemente la veracidad de todo lo publicado sobre la supuesta contabilidad paralela del partido del que es secretaria general: según ella -que, como tiene que ser, respondió a pie firme las preguntas de los periodistas-, ni esa contabilidad paralela existió nunca ni los documentos que dicen acreditarla son verdad. De Cospedal aseguró que todos los ingresos de los dirigentes procedentes del partido han sido controlados fiscalmente y que la única finalidad de las informaciones que lo niegan es hacer daño al PP, al Gobierno y a su presidente.
Por el bien de nuestra democracia, yo espero que lo que ayer sostuvo De Cospedal sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues, en caso contrario, a la extraordinaria gravedad de los hechos se añadiría una inmensa mentira que no podría quedar impune desde el punto de vista de la responsabilidad política.
Es posible que algunos vean en este presunto escándalo la oportunidad de oro para tumbar a un Gobierno elegido por amplísima mayoría hace poco más de un año. Creo que esa forma de afrontar este y cualquier otro tema relacionado con la corrupción es un error que se acrecienta a medida que aquella sitia a nuestro régimen político. Pues lo que está en juego con toda claridad no es ya la credibilidad de este o aquel partido sino la de las instituciones democráticas, sometidas a un desgaste acelerado que, de no frenarse, nos colocará, más pronto que tarde, al borde del abismo.