El borrador del anteproyecto de ley sobre la reforma de la Administración local es decepcionante. Como lo es también el diagnóstico que ofrece el Gobierno para corregir los problemas estructurales de los municipios. En lo que afecta a la comunidad gallega, nada o muy poco se aporta para cambiar su debilidad institucional y financiera. Porque esas son cuestiones básicas para cualquier Gobierno del siglo XXI que intente mejorar la deteriorada Administración local. De no ser así, estaríamos de nuevo desaprovechando una oportunidad para abordar problemas y disfunciones perfectamente identificadas, provocando a su vez el desánimo o la desesperación del ciudadano contribuyente.
Si el municipio requiere población suficiente y base económica mínima para afrontar sus competencias y financiación, las reformas mencionadas solo tendrán sentido si aparecen como prioritarias. En caso contrario, estaremos otra vez confundidos por el enredo y la distracción. ¿Se pretende abordar con tales medidas las debilidades demográficas, financieras e institucionales de nuestros municipios? En principio, tales cosas ni se mencionan, lo que no deja de ser decepcionante. Por eso debemos exigir al Gobierno que exponga con claridad lo que pretende. Si el objetivo es -como parece- recortar gasto como sea y donde sea, sin analizar sus consecuencias, que lo diga. Si quiere fortalecer a las diputaciones provinciales absorbiendo tasas y servicios de los municipios, que lo explique. Si desea eliminar mancomunidades porque no rinden cuentas, que exponga las razones de ese tratamiento desigual. Y si el Gobierno ignora las urgencias financieras del municipio, en lo que atañe a cuantías y racionalidad, también nos debe una explicación.
Pero si la financiación municipal se nutre de tributos y de transferencias/subvenciones, ciertos cambios son ya imprescindibles. Por ejemplo, definir la base económica mínima del municipio a través de los tributos propios. Esa base debe garantizar, al menos, que el 40 % de los ingresos presupuestarios procedan de la tributación municipal. En caso contrario, se resiente la autonomía financiera, la responsabilidad fiscal, la disciplina presupuestaria y la gestión eficiente. Además, las tasas deben cubrir el coste de los servicios individualizables y el patrón distributivo de las cargas fiscales debe ser explicado y publicado. La despoblación y el envejecimiento están estrechamente ligados a la actividad económica del municipio. De no alcanzar esos mínimos, el territorio debería ser integrado en un espacio de mayor capacidad productiva. Pues no. Como los pollos sin cabeza, las reformas de la Administración local parecen otra vez desnortadas, improvisadas e insensatas. Estaremos atentos a su evolución futura.