Si un juez declara secreto de sumario, y al día siguiente ve sus entrañas publicadas en un periódico, no pasa nada. No le pasa nada al juez y al funcionario que debían custodiarlo, ni a quien lo filtra, ni a quien lo publica, ni a quien lo usa -en acusación o defensa- para generar una torticera dimensión mediática del proceso. Porque el secreto en España, incluso si es solemne y sagrado, tiene un sentido sustantivo muy profundo, está dictado por autoridad competente y afecta gravemente a los derechos fundamentales de las personas, deviene siempre en una trapallada que nadie respeta, o en un instrumento de programación de los reality shows que abarata la producción y multiplica la audiencia.
Por eso deberíamos preguntarnos por qué tenemos que respetar la condición confidencial de una documentación que es calificada como tal por una autoridad que carece de legitimación para hacerlo, y que está depositada en un órgano de representación soberana donde no caben más secretos que la seguridad del Estado. Si elegimos nuestros representantes, y los dotamos de estatus e inmunidad para que realicen su trabajo sin límites ni cortapisas, y no evitamos que se paralice su trabajo con el simple conjuro del secreto, sería mejor que, en vez de rebajar el número de diputados, como quiere Feijoo, cerrásemos hoy el pazo de O Hórreo.
Para mí, que he arremetido tantas veces contra el uso y el abuso del secreto, y contra la arbitraria levedad con la que lo tratan los tribunales y los políticos, sería un esperpento incomprensible que, si en la documentación remitida al Parlamento de Galicia sobre la tropelía de las caixas hubiese algo interesante que aún no se sepa, tardase más de un segundo en hacerse público. Y más me dolería aún que, en vez de airearlo los diputados, que tienen obligación de informarme de todo lo que saben, lo acabase publicando cualquier periódico con la más absoluta impunidad.
Por eso creo que acertó Beiras en el fondo y en la forma de su protesta contra el oscurantismo parlamentario. Porque el secreto no se le puede imponer al diputado de cualquier forma y sobre cualquier materia. Porque el diputado está moralmente obligado a desobedecer las decisiones que van contra la esencia de la democracia misma. Y porque es una absoluta indecencia que en el contexto de la crisis y de todo lo que en ella sucede se declare secreto lo que necesita saber todo el mundo.
La gestión de una caja arruinada y rescatada no puede quedar oculta salvo en la relación estrictamente bancaria con sus clientes, y en esa categoría no pueden estar incluidos los chanchullos, auditorías, influencias políticas, favoritismos y negligencias de gestores y supervisores que nos trajeron hasta aquí. Y el diputado que no cante todo lo que vea u oiga será traidor a la democracia y un colaborador en la estafa.