Feo, feo, feo. Yo no pienso que los dirigentes nacionales del PP tengan comportamientos de delincuentes que se dedican a borrar pruebas judiciales. Al revés: entiendo que quien mintió fue Luis Bárcenas, si facilitó un pen drive con documentación sacada de unos ordenadores que resulta que son tan antiguos que no tienen puerto USB. Eso dijo el señor Floriano, y no tengo por qué dudar de su palabra.
Pero hay que reconocer que es una historia grotesca. Primero, porque el disco duro de uno de los ordenadores que reclamó el juez fue destruido, extraña forma de borrar sus contenidos. La gente y las empresas normales borran contenidos, pero no destruyen el disco. Si se hace, es porque se quiere borrar toda pista de su manejo. Y segundo, porque el copioso contenido del otro no tiene nada ver con lo escrito en él por Bárcenas. Son documentos del partido, pero, según las primeras informaciones, ni siquiera corresponderían a trabajos de su gerencia o su tesorería. No se destruyó el disco duro, pero tiene toda la pinta de que se rellenó con otro material. Para los abogados que recibieron una copia es perfectamente inútil.
Hecha esta rudimentaria exposición, ¿qué puede pensar un ciudadano que hoy lee en el periódico que los ordenadores no contienen nada de lo buscado? Si es muy partidario del PP, entenderá que todo ha sido una patraña de Bárcenas. Si es crítico o desconfiado, pensará lo más primario: el PP se deshizo groseramente de pruebas. Eso es, al menos, lo que este cronista ha podido pulsar en su círculo de amistades. Y algo peor: eso es lo que intuitivamente se desprende de la rocambolesca historia de los ordenadores.
Supongo que algún día se conocerá la verdad, y deseo que sea favorable al PP. Mientras ese día llega, admítase una cuestión de principio: el primer partido político de España, el que gobierna esta nación, el que nos representa ante el exterior, no puede andar en ese tipo de sospechas, suscitando dudas en los analistas y provocando sonrisas malvadas en las tertulias de televisión. No puede hacer pensar ni por asomo que tiene comportamientos propios de organizaciones que actúan fuera de la ley. Y sus dirigentes no pueden verse sometidos a la erosión de tener que explicar cada minuto y ante cada micrófono que les ponen por delante por qué borran un documento y por qué tienen que implorar credibilidad como quien pide una limosna.
A efectos del prestigio de la política y las instituciones, esas dudas y sospechas son tan perjudiciales como el hecho de cobrar sobresueldos. No sé cómo se pueden combatir y evitar. Solo sé decir que, si hay clima para pensar que un partido de gobierno destruye pruebas, el descrédito de la política ya no puede ser mucho mayor.