Aunque el Prestige no había sido el único petrolero que había vertido toneladas de crudo sobre el noroeste de Galicia, conservando fresca la memoria del Urquiola, que en 1976 partió el casco a la entrada del puerto de A Coruña, y del Mar Egeo, que en 1992 repitió el mismo escenario del Urquiola, con el fuego añadido frente a la torre de Hércules, la catástrofe ambiental que causó, primero en la Costa da Morte, y luego en el sur de Galicia y en la cornisa cantábrica, adquirió una dimensión nacional y mundial, que no habían tenido las catástrofes anteriores. Del eco de la repercusión ambiental y social, se vio sorprendida la Administración, que tomó en esos momentos decisiones de alejamiento y luego de remolque de un barco -a modo de una ballena herida huyendo de la costa- pensando que el mar, que siempre devuelve la contaminación, terminaría por diluir el fuel en las aguas profundas. Ningún puerto general de Galicia quiso acoger al petrolero Prestige, para permitir su descarga, aunque el debate sobre la necesidad de que Galicia contara con un puerto de refugio para petroleros averiados tuvo su auge en esos momentos.
La sentencia del Prestige, justo once años después, ha resucitado el pasado en forma de debate político y judicial sobre las responsabilidades políticas, civiles y penales en las que prácticamente nadie se ha sentido culpable. La culpa, como decía ayer este periódico, la tuvo el mar, en donde las condiciones de navegación del barco y las decisiones acertadas o desacertadas de la Administración parece que no influyeron en las características de esta catástrofe, que hoy vemos como pasado, sin posibilidad de que se vuelva a repetir en el futuro.
Sería erróneo pensar que nada ha sucedido desde entonces. Hoy la Administración autonómica cuenta con un plan de contingencias para la lucha contra la contaminación marina. La Administración central, a través del Ministerio de Fomento y la sociedad Sasemar, se ha dotado de barcos de remolque que no existían entonces. El Ministerio de Medio Ambiente, que se encargó de la limpieza y restauración del litoral, tanto en Galicia como en el norte peninsular, y que coordinó las operaciones de retirada del fuel a través de las demarcaciones de Costas, tanto por parte de los voluntarios, barcos pesqueros y empresas como Tragsa, ha desarrollado hoy todo un protocolo y metodología para hacer frente de una forma distinta a un posible vertido de hidrocarburos. Muchas de las actuaciones que hoy vemos en nuestras playas de regeneración del litoral y de dotación de accesos y áreas de estacionamiento, se llevaron a cabo después de esta catástrofe, que produjo una reacción en la Administración, incluso a través de nuevas normas jurídicas, para alejar el paso de petroleros por la costa de Galicia, pensando que en el futuro la sociedad no volvería a aceptar un escenario como el que se vivió entonces, que llegó a convertirse para los ciudadanos, como reflejaban las encuestas, en la principal preocupación.
Volviendo la mirada al pasado sería un error para el futuro que las decisiones políticas condicionaran como entonces las decisiones técnicas, en donde la experiencia adquirida después de esta catástrofe, con todos los estudios de simulación de las posibilidades de refugio y de difusión de los vertidos, junto con los medios que ha ido poniendo la Administración para la prevención y lucha contra la contaminación marina y litoral, muestran hoy un escenario distinto (aunque sea en esos momentos tan difíciles) para que una catástrofe como esta no se vuelva a producir.