Dice Gaspar Llamazares que los sucesos de Burgos indican que estamos al borde del estallido social. Creo que exagera, pero nunca se sabe. La que sí fue llamativa fue la disposición del secretario de Estado de Seguridad a hablar con todos los medios informativos. Y habló bien: se nota que tenía el discurso estructurado. Pero a este cronista le dejó una inquietud que quizá solo sea un mal pensamiento de comentador: al Gobierno le han venido bien esos incidentes. Y, si fuesen más graves, le vendrían mejor. Así le permiten presentar como imprescindible la discutida Ley de Seguridad Ciudadana, que la izquierda incluye entre las iniciativas de Rajoy para dar satisfacción al votante de extrema derecha. El secretario de Estado aprovechó la oportunidad: «Hay que buscar el marco jurídico preciso».
Pero hay algo más trascendente. Cada vez que se producen acciones violentas en las calles, el diagnóstico oficial es que se trata de activistas antisistema que se convocan a través de las redes sociales y se desplazan a los escenarios de conflicto con extraordinaria rapidez. Según el mando policial, un día están en el cerco al Congreso, otros producen imágenes de suma agresividad en Barcelona o queman contenedores y destrozan establecimientos y mobiliario urbano en cualquier punto del país. Es decir, que estamos ante un movimiento organizado del que solo falta decir un detalle: conocen y practican las técnicas de guerrilla urbana.
Quede para el capítulo de los enigmas qué estructura tienen esos antisistema para detectar los lugares de descontento, quién organiza esas convocatorias y quién financia viajes, estancias y demás gastos de agitación. Nos faltan nombres. Nos falta el esquema de la nueva subversión. Se supone que, cuando hay cuarenta detenidos como en Burgos, entre ellos tendría que estar alguno de esos revolucionarios itinerantes, y el secretario de Estado no lo tenía claro cuando ayer lo entrevistamos en TVE.
Ante ello, digo: si hay un movimiento antisistema con esa movilidad para estar en los lugares más conflictivos cuando quiere, estamos ante un serio problema de seguridad pública. No se entiende que las convocatorias por redes sociales no sean detectadas y localizados sus interlocutores. No se entiende que parezca que la policía es sorprendida en cada una de sus actuaciones. Y no se entiende que España se esté poblando de activistas tan peligrosos con tanta impunidad. Hace falta una ley contra estos nuevos delitos, es cierto. Pero hace falta también eficacia.
Y respecto a Burgos, no examinen solo la violencia. Examinen qué mueve la protesta. Yo escuché hablar de gasto exagerado en perjuicio de los servicios sociales. Y también escuché la palabra especulación.