En México nadie escapa al poder de la ley. Esa frase tan bonita la dijo hace unos días David Gaddis antiguo director general de la DEA (Agencia Antidroga de USA) para México entre el 2006 y el 2009. En mi opinión, no puede ser más errónea la afirmación. Según la prestigiosa organización Human Rights, más de 60.000 personas perdieron la vida en la guerra contra la droga que promovió el entonces presidente mexicano Felipe Calderón. En México, el 90 % de los asesinatos quedan por resolver. Cifras tan expresivas nos sitúan ante una realidad en la que el Estado no garantiza, al menos en una parte del país, el Estado de derecho. Sirva de comparación el mencionar que en 40 años de existencia etarra la cifra de asesinatos cometidos no llega a 1.000.
En ese contexto, Archivaldo Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán (chapo, de chaparro, pues mide 167 centímetros) ejerció, o posiblemente ejerce, desde 1995 hasta la actualidad el cargo de jefe del cartel de Sinaloa, convirtiéndose en el narco más buscado del mundo, que además ostenta títulos como figurar en el puesto 60 en la lista Forbes. Parecía imposible, pero fue detenido hace unos días en Culiacán, capital de Sinaloa. Desde dicho estado, según la Fiscalía de EE. UU., entre 1990 y el 2008 se importaron y distribuyeron más de 200 toneladas de cocaína e importantes cantidades de heroína por todo el territorio estadounidense. Por eso su detención aparece como la más importante en el entorno del narcotráfico en los últimos años.
Hechas las afirmaciones grandilocuentes, hemos de preguntarnos, ¿qué puede suponer su detención? La primera respuesta es que, contra lo que se decía, no había llegado a ningún acuerdo con las autoridades de las dos partes de la frontera, que le otorgase impunidad. Seguro que además de juzgarlo en México, Estados Unidos pedirá la extradición. Pero más allá que la anterior constatación, nada nos indica que la lucha contra la droga mejore con la detención: se abren dos hipótesis. Una la de la lucha interna dentro del cartel por lograr la jefatura. Y la segunda, que otros carteles intenten hacerse con el de Sinaloa. Lo que no aparece como posible es que la prisión del Chapo implique un debilitamiento del cartel.
De lo anterior es consciente el presidente mexicano Peña Nieto que, anunciando la detención, bajó el listón del éxito, en contradicción con anteriores presidentes que año tras año anunciaban la detención del capo más importante. Y eso creo que también lo habrá pensado el atípico presidente uruguayo José Múgica, que el pasado 23 de diciembre aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo crear un mercado regulado y legal para la marihuana. «Desde hace más de cien años -dijo Múgica-, llevamos a cabo políticas represivas, y después de cien años hemos llegado a la conclusión de que estas han supuesto un indiscutible fracaso. Las políticas prohibicionistas no han funcionado como se esperaba». En ese sentido, la detención del Chapo Guzmán no va a suponer ninguna mejora. Es inevitable el preguntarnos los porqués.
México no es tierra remota; el cartel de Sinaloa, en el que ejercía y probablemente sigue ejerciendo desde la cárcel su poder el Chapo, abarca e impone su ley en una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados (más que la península ibérica). México es México, una democracia transfigurada por los flujos del narcotráfico en donde hay manifestaciones a favor del Chapo y cientos de miles que quieren ser chaparros.