Fraga no tenía razón. Allá por el 2001 intentó negar determinados casos de nepotismo, destapados por los tribunales, con un argumento clasista: «Los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan en una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados».
Pues no. Ahora sabemos que, en la universidad pública española, los becarios tardan en promedio 5,2 años en obtener su título. Y sus compañeros no becados tardan 7,14 años en acabar la carrera. La tesis de Manuel Fraga se derrumba con estrépito. Los hijos de familias prominentes o son más vagos o son más burros, y me apresuro a retirar la segunda de esas posibilidades para no caer en el clasismo inverso al del padre del PP. No son más zoquetes: simplemente muestran mayor propensión a tumbarse a la bartola, porque no sienten en el cogote la presión de la espada flamígera que expulsa del campus a los sin recursos. Esa es toda la diferencia.
Wert no tiene razón. El año pasado, como justificación para exigir un mayor esfuerzo a los becarios, dijo: «No es que les paguemos los estudios, es que les pagamos por estudiar». No aclaró el inefable ministro si le parece bien abonar dos años sabáticos a los demás alumnos. O primarlos por rascarse la barriga.
Pues no, niego la mayor. Un universitario con beca nos sale más barato que un universitario sin beca. ¿Paradójico? Ni mucho menos. Téngase en cuenta que a todo hijo de vecino que accede a la universidad lo subvencionamos. El subsidio asciende, aproximadamente, dependiendo de las tasas de matrícula de cada centro, al 80 % del coste total de la carrera. Supongamos también que a todos los becarios les pagamos el 100 % de los estudios. Echemos cuentas: subvencionar el 80 % durante 7,14 años cuesta más que subvencionar el 100 % durante 5,2 años. Exactamente, un 10 % más. Prueba inapelable de que la falta de equidad cuesta dinero.
Los datos están tomados de un informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación, elaborado por los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García. Son contundentes y concluyentes. Si a los universitarios sin beca -cuatro de cada cinco- se les aplicasen las reglas de permanencia y las exigencias de nota que rigen para los becarios, el Estado ahorraría 1.400 millones de euros por curso. Como lo oyen. La equidad y la igualdad de oportunidades también son financieramente rentables: contribuyen a enderezar las cuentas públicas.