El hundimiento electoral del bipartidismo en las elecciones del 25 de mayo y la abdicación del rey, apenas una semana después, marcan el final de una época. La crisis económica, pero sobre todo su gestión y sus terribles efectos en la vida de la inmensa mayoría de la población, se han trasladado primero a una crisis política y ahora a una crisis institucional de enormes dimensiones. La arquitectura sobre la que se construyó la transición española está puesta en cuestión por una sociedad que está llena de desasosiego pero que demanda, más que nunca, un mayor protagonismo en la toma de las decisiones.
No seré yo el que ponga en duda los enormes logros que para la mayoría social ha traído la democracia recuperada tras la muerte del dictador. Pero esa etapa, que nacía con los límites impuestos por el equilibrio de fuerzas existente en ese tránsito, ha terminado. La imposición de un rey desde un régimen no democrático era una de sus principales sombras. Es cierto que lo legitimó la Constitución de 1978 y que en sus 38 años de reinado ha jugado un papel en general positivo en la consolidación de la democracia, en especial ante el golpe del 23-F. Pero también lo es que muchos ciudadanos nunca hemos olvidado el pecado original con el que nació.
Ahora estamos en un tiempo nuevo, en un momento histórico diferente, sin los miedos del pasado. Un tiempo en el que las viejas legitimidades están cuestionadas, en el que los consensos básicos de la transición están rotos. En la España de hoy las legitimidades no se heredan, se tienen que ganar. Y los ciudadanos, más que nunca, quieren ser los que tengan la palabra. Por eso es un enorme error aplicar el automatismo de la sucesión monárquica sin más, porque tendría la legitimidad institucional pero no la política y la social.
Un referendo vinculante sobre la forma del Estado es más que deseable. No solo porque lo exija una parte no menor de la sociedad española. Lo es, sobre todo, porque la monarquía española necesita pasar por una moción de confianza, de referendo popular, de legitimación democrática en las urnas, de romper con ese pecado original de su reinstauración por decisión de un dictador.
Estamos en uno de esos momentos friccionales de la historia en los que se muere lo viejo y tenemos que construir lo nuevo. Un nuevo contrato social para recuperar el bienestar de la mayoría social, una regeneración de la vida democrática, una reformulación territorial, una democratización en el funcionamiento de los partidos políticos, una nueva arquitectura institucional?. Y, sin ninguna duda, un paso de enorme trascendencia para esa necesaria refundación de la democracia en España sería depositar en la ciudadanía el poder de decisión sobre que forma de estado prefiere.
Es tan democrática la sociedad sueca, con su casa real, como los alemanes con su presidente de la República, lo que no es democrático es negar la posibilidad de elegir entre una u otra fórmula.