Ya hemos perdido el aliento gritando en contra de la reforma de la Ley de Dependencia, una reforma sin duda encaminada a desmantelar todo el esfuerzo colectivo que se ha volcado en ella. Pero esa harina ya está molida, por lo que ha llegado el momento de analizar otro fallo, profundo y sistemático, que ha permitido que con tanta facilidad se aniquile una ley que tanto ha beneficiado a la sociedad.
Su aprobación supuso un hecho histórico en nuestro país. Tras treinta años de democracia, finalmente se veía conformado el grueso del tercer pilar del Estado de Bienestar: los servicios sociales, desarrollando el marco de las ayudas y prestaciones de las que podrían beneficiarse tanto las propias personas dependientes como sus cuidadores.
Pero la fórmula escogida fue completamente distinta a la empleada en el desarrollo de los sistemas educativo y sanitario. Con estos se apostó por la creación de toda una serie de recursos de titularidad pública (hospitales, centros de salud, escuelas, centros de secundaria, etcétera), reservando cierto espacio para el concierto con las entidades privadas. Aún así, una máxima siempre estuvo presente: estos dos sistemas son universales y gratuitos. Es decir, cualquier persona, independientemente de sus ingresos, puede acceder de forma gratuita a los mismos, aunque luego ciertos elementos, como los libros de textos o los medicamentos, han de ser abonados por los propios usuarios.
Sin embargo, al desarrollarse la Ley de Dependencia, la creación de nuevas plazas de titularidad pública ha sido algo testimonial, obligando a la persona dependiente y a su entorno a coparticipar económicamente en el servicio, dependiendo de diversos criterios económicos dentro de un entorno privatizado.
Traslademos esto al sistema sanitario. Si, en vez de crear ese sistema de hospitales, centros de salud y demás recursos de titularidad pública y acceso universal, el Estado hubiese apostado por dar una cantidad económica variable según la persona, y le dijese: «Ahora, usted escoja el seguro médico privado que más le guste», ¿qué hubiésemos pensado?
Viendo esta reforma encima, se hace evidente que será muy fácil desmantelar el sistema. Los responsables políticos no tienen que lidiar con grupos de protesta en frente de las residencias, los trabajadores nos encontramos desperdigados por mil entidades distintas y la población no percibe las ayudas y prestaciones como servicios públicos. Así que, con limitarse a ir poco a poco retirando cuantías de esos abonos, conseguirán... lo evidente.
Alejandro Rodríguez Robledillo es Trabajador social.