La historia del derecho penal, de la legislación penitenciaria y, a la postre, de las cárceles, desde el nacimiento a mediados del siglo XVIII del espíritu ilustrado, es la de la lucha constante por dulcificar las penas, convertir las prisiones en un medio de control excepcional y humanizar la vida en ellas. Basta leer la obra esencial De los delitos y de las penas, escrita por el italiano Cesare Becaria entre 1763 y 1764, para entender cuál era el bárbaro punto de partida que se quería superar y el larguísimo y muy buen camino que hemos recorrido desde entonces.
El tsunami de corrupción que inunda España ha abierto, sin embargo, un peligro que sería una cobardía dejar de señalar por miedo a situarse en contra de una corriente poderosa que, al grito de «todos a la cárcel» (como en la película homónima de Berlanga), amenaza con poner en entredicho, por simple vía de hecho, algunas conquistas que ni se nos ocurriría discutir si no fuera por la repugnancia visceral que la corrupción ha acabado por producirle a la inmensa mayoría de nuestra sociedad.
Hablando claro: que un condenado de más de ochenta años no ingrese en prisión es una medida humanitaria a todas luces razonable, aunque el afectado sea el expresidente del Fútbol Club Barcelona; que un penado pueda progresar en su régimen carcelario resulta lógico, vista la finalidad rehabilitadora de la pena, por más que el beneficiario sea el expresidente balear; que un sentenciado por un primer delito, por tanto sin antecedentes, eluda la prisión cuando la pena sea menor (es discutible si debe tratarse de dos años, un año o nueve meses) parece un gran paso para hacer de la prisión la medida excepcional que debe ser, tanto si el condenado es un perfecto desconocido como si se trata de una tonadillera celebérrima.
Diré, por si hace falta, pues siempre hay quien lee lo que quiere y no lo que uno escribe, que mi simpatía hacia Josep Lluís Núñez, Jaume Matas o Isabel Pantoja es ninguna: son tres delincuentes de tomo y lomo, que merecen mucho más desprecio social en todos los sentidos que el pobre desgraciado que se ha criado en un ambiente en el que las cárceles forman parte del paisaje cotidiano.
Pero esta tendencia al parecer irrefrenable a aplicar la ley penal sin tasa (a ciertas infracciones de tráfico incluidas) o a aplicarla de un modo u otro, según lo conocidos que sean los penados, me parece extremadamente peligrosa. Por un lado, porque las cárceles son, y deben seguir siendo, un mecanismo de regulación social excepcional. Por el otro, porque la garantía de la igualdad ante la ley exige tanto no beneficiar de ningún modo a los llamados delincuentes de cuello blanco como no perjudicarlos por tener esa condición. El riesgo de todo ello es evidente: que, con el agua sucia, el niño se nos vaya también por el desagüe.