No existe ningún Estado democrático donde no rija el principio básico del imperio de la ley. Nuestra Constitución lo expresa con toda claridad al proclamar que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico. Aquí no hay excepciones. Si las hubiera, el sistema democrático se iría a hacer puñetas.
Pero el imperio de la ley supone también un orden de garantías para los ciudadanos, de modo que cuando uno es acusado de cometer un delito, está protegido por el derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Todo el mundo entiende, así, que cualquier acusado eche mano de esas garantías. Lo hacen los ciudadanos de a pie y los políticos sin que nadie se escandalice por ello, pues tales son las reglas de juego en un Estado de derecho.
Lo que en él resulta inadmisible es que un político pretenda sustituir el imperio de la ley por el imperio contraataca, como hace el presidente de la Generalitat cada vez que salta una noticia que lo relaciona a él o a su partido con la comisión presunta de un delito. Se envuelven en la bandera para protegerse la cartera, decía José Borrell, al referirse al escandalazo de Banca Catalana, en la clarificadora entrevista que le hizo el miércoles Fernanda Tabarés: Pujol se fue entonces de rositas, acusando de atacar a Cataluña a los que solicitaron su procesamiento por su presunta implicación en una quiebra multimillonaria.
Ahora solo ha cambiado la bandera: Mas se envuelve en la estelada para tapar cualquier tostada. Lo hizo anteayer -último ejemplo- cuando un juez ordenó la detención de dirigentes de Convergencia presuntamente implicados en el cobro de comisiones por la concesión de obras púbicas. Ese juez y la Guardia Civil que le obedece son, según Mas, peones de brega del imperio (español, por supuesto) que contraataca contra él, el nacionalismo catalán y Cataluña, que para el caso son lo mismo. Ese juez y la Guardia Civil que le obedece (todos, el lado oscuro de la fuerza) no están, según Mas, persiguiendo los delitos y a quienes los cometen, como cuando investigan a un gallego o a un andaluz, al PSOE o al PP, sino atacando a Cataluña y al nacionalismo catalán. Esto es terrible, pero aún peor que haya tanta gente que compre semejante despropósito: entre ellos, los 400 alcaldes que desafiaban el otro día, bastón en mano, la legitima acción de la Justicia.
Si cualquier político del PP, el PSOE, Ciudadanos o Podemos, o cualquier español que no sea un nacionalista catalán, se defendiese con el peregrino argumento de que al investigarlo un juez se está atacando a España, el escándalo, por un lado, y el cachondeo, por el otro, serían memorables. Pero Mas y los suyos pueden hacer lo que no se le permite a nadie: en este y en otros muchos ámbitos. Y, claro, así nos va.