La sesión de investidura, que ayer cubrió su primera etapa con el resultado que cabía esperar, ha dejado clara en sede parlamentaria la grave situación que se cierne sobre el país. Pese al silencio clamoroso de Sánchez, varias fuerzas políticas que le apoyan han introducido en la Cámara el plan que tienen para poder conformar el próximo Gobierno: declarar la amnistía para todos los que perpetraron un ataque a la estabilidad de España.
Un país democrático, que nunca fue consultado sobre esta posibilidad, aparece burlado por un fugado de la Justicia y a merced de fuerzas políticas que rechazan la idea de España.
ERC y Junts, que son testimoniales en el Congreso y ni siquiera son los más relevantes en Cataluña, dan por hecho, junto con Sumar y otros minoritarios, que se aplicará una medida que quiebra el Estado de derecho y rompe la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
El escenario es radicalmente distinto del que se planteó en las urnas, puesto que ningún grupo político estatal llevó en su programa esa idea, ni propuso en la campaña medidas que se opusieran al cumplimiento de la ley. Por tanto, no es algo sobre lo que los ciudadanos se hayan pronunciado o hayan previsto como posible. Alegar en la tribuna del Congreso que se cuenta con la voluntad mayoritaria para dar ese paso no deja de ser una invención.
El partido que aspira a continuar en el Gobierno sostiene que esta determinación se basa en la necesidad superior de volver a la concordia en Cataluña y desmovilizar al independentismo, puesto que desaparecería lo que los secesionistas consideran una afrenta y una persecución del Estado. Pero, aun siendo plausible la idea de la concordia, creerla no deja de ser una grave ingenuidad política, porque en realidad disfraza un interés personal por conseguir -bien pagados- los votos para la investidura. Además, tal concesión no asegura de ningún modo el cese de la hostilidad de esa parte de la sociedad catalana que propone el divorcio.
¿Por qué? Porque la hoja de ruta de Junts, ERC y sus satélites no puede ser más explícita: primero, amnistía; luego, referendo de independencia, y siempre, medidas unilaterales y privilegios. Nunca concordia ni consenso ni debate democrático.
Con ese planteamiento hostil, tampoco el posible Gobierno que dependa de sus votos conseguirá estabilidad. Desde la negociación de los Presupuestos a cualquier otro asunto legislativo, estará siempre a merced de Puigdemont, un procesado en rebeldía que huyó en un maletero, y de Junqueras, un condenado que exigió el indulto.
No es una buena perspectiva para los próximos cuatro años un Gobierno tan débil. Débil, porque será dependiente de las dos minorías catalanas -enfrentadas entre sí- y de las dos vascas, que también son antagonistas. Y débil, sobre todo, porque será rehén de quienes trabajan con la obsesión de sus ilegales objetivos y no tienen en consideración ninguna de las necesidades de España. Si eso no es bueno nunca, mucho menos ahora, cuando acecha una crisis económica que ya se palpa en la calle y el país necesita afrontar procesos complejos de modernización que afectan a las empresas y al empleo.
Instalarse en la inestabilidad no es aconsejable. Romper los principios constitucionales de espaldas a la sociedad -incluso a gran parte del Partido Socialista- no es admisible.
Por tanto, constatado que un pacto entre PP y PSOE no es posible, la única salida razonable es que los españoles clarifiquen lo que quieren. Unas elecciones con las propuestas diáfanas, en las que, en contra de lo que ha sucedido en la campaña electoral de julio, no se les oculte nada. Ellos dirán si prefieren una mayoría de centroderecha, una de centroizquierda o una que avale la amnistía. La democracia es esto.